Calificadora Periodismo disidente? reconsideraciones Cristóbal hermoso

JUSTICIA &
Razón
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límites extremos. Entre ellos, el desacato,
la difamación, la injuria y otras especies del
género, figuras mediáticas creadas para proteger
a los funcionarios y altos ejecutivos de
la nación jurídicamente organizada, en busca
de impedir el ejercicio pleno de las libertades
públicas de opinión e información.
Precisamente, tales límites extremos erigidos
para revestir con fuerte blindaje al funcionariado
o a la burocracia estatal quedaron
hechos añicos con la sentencia del TC, cuya
parte prescriptiva fue dada a conocer recientemente,
pero pendiente aún de su cuerpo
motivacional, de suerte que a partir de ahí
quienes presten servicios políticos y profesionales
en las ramas ejecutiva, legislativa y
judicial tendrán que ser tolerantes a la crítica
periodística y ciudadana.
Hodiernamente, al socaire del Estado social,
democrático y de derecho constitucional, en
cuyo seno se protegen a ultranza los derechos
fundamentales, se ha ido empoderando una
ciudadanía que reclama transparencia y
participación en la toma de decisiones públicas.
En igual sentido, se trata de un cuerpo
cívico que procura reivindicar el ejercicio de
la expresión del pensamiento y el acceso a
las fuentes de información para formarse la
mejor opinión o criterio acerca del funcionamiento
de las instituciones estatales.
A la cobija de tales paradigmas, cuya fuerza
catalítica lo viene a constituir el poderoso
instrumento del internet, medio tecnológico
que ha permitido poner en evidencia los tres
tipos de sociedades existentes en los siglos
del pasado reciente y de la centuria actual.
A saber, la de masa, la conocida como de la
información y la de público, pero estas dos
últimas forman una encrucijada sinérgica en
su proceso de desarrollo recíproco.
En dicha encrucijada témporo-espacial, surge
el discurso pro abolición de los delitos mediáticos,
tras entender que los bienes jurídicos
relativos al honor, a la honra y consideración
pueden quedar tutelados eficazmente, a
través de otras vías legales, tales como la
acción civil en resarcimiento pecuniario llevada
por ante el fuero judicial común, o bien
mediante el ejercicio de los derechos rectificativo
o responsivo, por cuanto las normas
que instituyen esas infracciones carecen de
utilidad en la época hodierna, al tiempo que
son mecanismos restrictivos de las libertades
de opinión e información, vehículos imprescindibles
para el fortalecimiento del régimen
político, traducido en la democracia, versión
participativa.
El autor de este ensayo prima facie se mostró
muy remiso a decantarse plenamente por dicha
línea discursiva que ahora está en boga o
apogeo, por entender que el sistema jurídico
puede adoptar una posición atemperante o
contemporizadora, de suerte que el bien jurídico
atinente al honor, honra o consideración
de la persona no quede tan a merced de los
derechos a decir y saber, sino que ambos valores
esenciales sean pasibles de ponderarse,
balancearse o contrapesarse en sede judicial.
Tal como suele ocurrir en España.
En efecto, en sede judicial del otrora pueblo
ibérico, se ha sentado el precedente jurisprudencial
7 que le permite al juez realizar un
examen previo de la acusación penal llevada
en contra del informador público o de un
tercero. Luego, si de ahí se advierte que tan
sólo se trata del ejercicio legítimo del derecho
a opinar o informar, pues entonces se concluye
que únicamente ha habido una conducta
atípica, inexequible de juzgarse en el fuero
jurisdiccional de la justicia represiva, pero sin
cerrar la vía de que la acción en justicia pueda
prosperar en lo civil.
A este respecto, se parte de la premisa de que
el comunicador público trabaja movido por el
interés general de informar verazmente a la
ciudadanía, reivindicando así el ejercicio de
ese derecho legítimo. Entonces, en tanto se
trate de similar línea de pensamiento, tal prerrogativa
se sitúa en posición preponderante,
preferente o prioritaria frente al honor.
En resumidas cuentas, en dicha labor demiúrgica
de ponderación, se debe partir de
varios criterios objetivos para determinar la
existencia de la conducta atípica del periodista,
informador o comunicador público,
o bien de la tercera persona o particular. A
saber, el asunto,digno de ocupar la atención
7 Carmona Salgado, Concepción:Calumnias, Injurias y otros atentados
al honor, Perspectiva doctrinal y jurisprudencial, Editora
Tirant lo Blanch, Valencia, España, 2012.
año 6 • NúMERO 11 • JUNIO 2016