Calificadora Periodismo disidente? reconsideraciones Cristóbal hermoso

JUSTICIA &
Razón
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la Propiedad Territorial”, enumerado en cada
folio y rubricado en cada hoja por el Juez de
Primera Instancia, con la finalidad de certificar
el número de folios y el objeto del libro.
Ya para el día 31 de julio del año 1920, a
raíz de la ocupación militar Norteamericana
(1916-1924), fue puesta en vigencia la Orden
Ejecutiva 511 que tuvo la virtud de instaurar
el Sistema Torrens. Este sistema fue creado
por el austríaco Robert Torrens, y se puso en
funcionamiento por primera vez en fecha 2
de julio del 1859 en su país de origen. Es un
sistema científico, coherente, organizado, y
que cumple con todos los criterios de publicidad
inmobiliaria, legalidad, especialidad,
legitimidad.
Esta Orden Ejecutiva 511 marcó un importantísimo
avance en el sistema inmobiliario
registral dominicano. Hasta ese momento,
solamente se había estado utilizando el sistema
ministerial de origen francés (transcripción
de documentos por ante el Conservador
de Hipotecas), en razón de la persona titular,
contrario al Sistema Torrens, que inscribe derechos
en razón del terreno, es in rem. Todo
este trayecto viene con miras a estabilizar el
derecho de propiedad, otorgándole la condición
de inatacable e imprescriptible.
En sus antecedentes, la Orden Ejecutiva 511
se implementa debido a la gran cantidad de
títulos de terrenos confusos y dudosos que
impedían el fomento de la riqueza del país
y que daban origen a que los verdaderos
dueños se vieran despojados de sus tierras,
desórdenes, alteraciones de la paz y a que se
perdiera la confianza en el gobierno; una gran
cantidad de leyes infructuosas; era necesario
remediar ese estado de cosas, establecer la
confianza en los derechos de propiedad y
devolver la tranquilidad al país. Por tanto las
medidas debían ser enérgicas y que determinaran
los verdaderos derechos de propiedad
de las tierras y obligara a su registro según un
método científico.
Entre las implementaciones importantes de
esta orden podemos encontrar:
a) Creación de un Tribunal especial denominado
“Tribunal de Tierras”, con
competencia exclusiva en todos los procedimientos
para el registro de todos los
títulos de terrenos, edificios o mejoras
permanentes o de cualquier interés en los
mismos, así como para conocer de todas
las cuestiones que emanen de dichos procedimientos,
incluyendo el deslinde, mensura
y partición de terrenos comuneros.
b) Implementa los procedimientos in rem
contra las tierras y edificios y las mejoras
existentes.
c) Un tribunal compuesto por un magistrado
presidente, y demás jueces del
tribunal de alzada y jueces con facultades
de Juzgado de Primera Instancia, (residentes
lo llama el artículo 9).
d) Las decisiones de un magistrado o juez,
requerían ser sometidos al Tribunal
Superior de Tierras para su revisión y no
tendrían fuerza ni efecto sin la aprobación
de dicho Tribunal.
Crea además la figura del secretario, bajo las
órdenes del Tribunal Superior de Tierras y
encargado de todos los papeles y documentos
que se le entreguen; el Registrador de Títulos
en cada provincia, bajo la dependencia del
Tribunal Superior de Tierras. El Registrador
de Títulos era el único depositario legal de
instrumentos originales relativos a propiedad
inmueble. También se ordenó a los notarios,
alcaldes, secretarios de ayuntamientos y
agrimensores, remitir todos los documentos
al Conservador de Hipotecas quien haría las
veces de Registrador de Títulos hasta que
estos fueran nombrados.
Creó la figura del fiscal del Tribunal de Tierras
y fiscales auxiliares para representar al
gobierno dominicano y a toda subdivisión
política del mismo en todos los procedimientos
en que tengan algún interés, o aparenten
tenerlo. La tierra se consideraba registrada
cuando por medio de un decreto final del
Tribunal de Tierras haga constar el derecho
de propiedad de la persona o personas que
dicho Tribunal considere dueñas de la tierra,
y dicho decreto haya sido transcrito en un
certificado de título expedido a nombre de tal
persona o personas. Entre otras importantísimas
disposiciones.
La vigencia del Sistema Torrens en nuestro
país, como fundamento jurídico del derecho
año 6 • NúMERO 11 • JUNIO 2016