Calificadora Periodismo disidente? reconsideraciones Cristóbal hermoso

JUSTICIA &
Razón
17. LA SEPARACIÓN DE FUNCIONES.
El principio de separación de funciones
se encuentra consagrado en el artículo
4 de la Constitución que establece que
los poderes del Estado: “... son independientes
en el ejercicio de sus respectivas
funciones...”. Del mismo modo está
contenido en los artículos 8.1 de la
Convención Americana de Derechos
Humanos y 14.1 del Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos.
Este principio implica que, en el ámbito
de cualquier proceso, las funciones
jurisdiccionales deben estar separadas
de aquellas encaminadas a la investigación
y acusación, constituyendo las
primeras, la tutelar de las garantías
constitucionales y reservadas al juez
o tribunal, y las segundas, a los funcionarios
del ministerio público. Esta
separación de funciones es un estandarte
del debido proceso que fortalece
la independencia e imparcialidad del
juzgador.
18. LA OBLIGACIÓN DE DECIDIR.
En el ámbito de la normativa supranacional,
esta obligación se encuentra
contenida en el artículo 25.2 de la
Convención Americana de Derechos
Humanos, según el cual es responsabilidad
del Estado signatario la de: “...garantizar
que la autoridad competente
prevista por el sistema legal del Estado
decidirá sobre los derechos de toda
persona que interponga tal recurso...”.
La obligación, de decidir impuesta al
Juzgador está, igualmente, contenida
en el artículo 4 del Código Civil dominicano
que dispone: “El juez que rehusare
juzgar pretextando silencio, oscuridad
o insuficiencia de la ley, podrá ser perseguido
como culpable de denegación
de justicia”.
Esta garantía resulta una cuestión
imperativa, en todo estado de derecho,
que obliga a decidir de manera
equitativa, efectiva y pronta, dentro
de los plazos consagrados, la solución
de los conflictos humanos, teniendo
en cuenta que las normas procesales
existen y deben ser interpretadas para
facilitar la administración de la justicia
y no como un obstáculo para que los
ciudadanos accedan a ella, resultando
obligatorio el principio de que los jueces
y tribunales deben fallar los asuntos
sometidos, aun en los casos de silencio,
contradicción, deficiencia, oscuridad
o ambigüedad en los términos de las
leyes y sin demorar su decisión.
19. MOTIVACIÓN DE DECISIONES.
La obligación de motivar las decisiones
está contenida, en la normativa
supranacional, en el artículo 25 de la
Convención Americana de Derechos
Humanos. Igualmente, en nuestra normativa
interna, en el artículo 15 de la
Ley núm. 1014, de 1935, en el artículo
141 del Código de Procedimiento Civil,
y en el artículo 24 de la Ley núm. 3726
del 1953.
La motivación de la sentencia es la
fuente de legitimación del juez y de
su decisión. Permite que la decisión
pueda ser objetivamente valorada y
criticada, garantiza contra el prejuicio
y la arbitrariedad, muestra los fundamentos
de la decisión judicial, facilita
el control jurisdiccional en ocasión de
los recursos; en vista de que la conclusión
de una controversia judicial se
logra mediante la sentencia justa, para
lo cual se impone a cada juez, incluso
con opinión disidente, la obligación de
justificar los medios de convicción en
que la sustenta, constituyendo uno de
los postulados del debido proceso, la
que sólo puede ser lograda cuando se
incluya una valoración adecuada de
las pruebas conforme a las reglas de la
sana crítica, lo que fortalece la seguridad
jurídica a que aspiran disfrutar los
ciudadanos de manera objetiva.
Este criterio que ha sido ampliamente
tratado en múltiples decisiones de esta
Suprema Corte de Justicia. (Entre
otras, Sentencia núm. 18 del 20 de
octubre de 1998,).
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año 6 • NúMERO 11 • JUNIO 2016