Calificadora Periodismo disidente? reconsideraciones Cristóbal hermoso

JUSTICIA &
Razón
El historiador Wenceslao Vega refiere que el
origen de los terrenos comuneros se sitúa en
el siglo XVI, donde la economía de la Colonia
Española le dio preeminencia al sistema de
Ganadería más que al cultivo de la tierra, en
tanto que “La mayoría de los hatos ganaderos no
estaban contiguos y había grandes extensiones de
terrenos baldíos, sin dueños, entre unos y otros.
Como ningún Hato estaba cercado, era frecuente
que los propietarios se extendieran en los límites
de las propiedades, sin control oficial y sin reclamo
de parte de ningún vecino a quien esa ampliación
le afectara… en los documentos de propiedad no
se no se mencionaban linderos o se mencionaban
muy imprecisamente: un río, una loma, una laguna,
un hato vecino, etc. Nunca se mencionaba
extensión superficial… cuando un titular original
moría lo correcto era que la viuda y los herederos
convocaran al Escribano Municipal más cercano,
para realizar el llamado acto de partición… donde
se leía el testamento y se había el inventario de
los bienes de la sucesión… dentro de la que se
encontraba el Hato… los Hatos llegaron a tener
las siguientes características: La parte llana, o sea
las llamadas sabanas que eran pastizales con sus
ríos, lagunas, trochas y trillos, formaban la parte
más importante del Hato, con las subsiguientes
subdivisiones. Estas sabanas se repartían físicamente
en herencia entre los hijos y luego los
nietos. Pero los montes, las extensiones boscosas,
donde el ganado se escapaba y era montaraz, donde
abundaba la madera y donde se escondían los
puercos cimarrones y los caballos y reses horras
que es como se les llamó, no se subdividían, sino
que continuaban comunes a todos los herederos,
y en ellas los condueños, hijos, nietos, etc. podían
penetrar a tumbar madera, hacer carbón vegetal,
capturar las reses y cazar los cimarrones. Este
principio no fue invento local, sino que viene de
costumbres y leyes ancestrales en Castilla medieval,
de que los montes, así como los ejidos en los
alrededores de los municipios, se destinaban al
uso común de los habitantes de las villas y aldeas
vecinas 7 ”.
La Ley de División de Terrenos Comuneros
establecía un procedimiento de partición por
ante el Tribunal de Primera Instancia del lugar
de la ubicación del terreno, el cual se iniciaba
7 Vega Boyrie; Dr. Wenceslao. Discurso de Ingreso a la Academia
Dominicana de la Historia. Tema “Historia de los Terrenos Comuneros
en la República Dominicana. Págs. 91-94.
solicitando la mensura y partición, anexando
los títulos justificativos de derecho. Era un
proceso de orden público y una vez dictaminaba
el Fiscal, si se acogía la instancia, comisionaba
a un notario depositario y designaba
un agrimensor para los asuntos técnicos.
La ley no establecía la obligatoriedad de
iniciar el procedimiento, ahora bien, una
vez iniciado el procedimiento en un predio
quedaban afectados todos los titulares de acciones
de pesos. La sentencia a intervenir se
les hacia oponible. Ya designados el agrimensor
y el notario, dichos profesionales tenían
que hacer una publicación de la sentencia y
distribuir avisos entre los vecinos del lugar y
copropietarios.
El caso quedaba suspendido hasta que
transcurrieran tres meses, lo cual era parte
de la publicidad. Transcurridos 3 meses sin
oposición alguna, el agrimensor debía iniciar
la mensura, levantar el perímetro general por
medio de deslinde, y después que el notario
determinaba las proporciones de cada uno
de los reclamantes, debía levantar un plano
particular a cada accionista.
Cuando éstos terminaban los trabajos, tanto
el agrimensor como el notario, debían presentar
los informes al tribunal, incluyendo
gastos y honorarios por separado; el juez
examinaba nuevamente y si todo estaba
bien, previo dictamen del fiscal homologaba.
Esos títulos debían ser inscritos por ante
el notario, en un plazo de 3 años, a pena
de prescripción, o de rectificación del procedimiento,
a costa del accionista negligente. La
falta de organización y de inscripción de los
títulos sobre los terrenos condujo a una gran
cantidad de fraudes, al igual que las guerras
provocaban la desaparición de los protocolos
notariales, todo lo cual impidió la efectividad
de la norma. Fue necesario crear entonces la
Ley sobre Inscripción de Terrenos Rurales, de
fecha 25 de mayo del 1912, publicada el 1 de
junio del mismo año.
Esta última ley organizó una especie de
Catastro Nacional, era obligatoria y general
para todo aquel que ostentaba un título;
la formalidad de la inscripción se puso a
cargo del Conservador de Hipotecas, quien
llevaba un registro denominado “Registro de
37
año 6 • NúMERO 11 • JUNIO 2016