Calificadora Periodismo disidente? reconsideraciones Cristóbal hermoso

JUSTICIA &
Razón
el asunto deberá enviarse ante un tribunal distinto del que dictó la decisión, del
mismo grado y departamento judicial, no es menos cierto que en la especie, por
tratarse de un caso sui géneris, donde la Corte a-qua admitió el recurso de otras
partes del proceso, específicamente del imputado y la entidad aseguradora
(Sentencia núm. 48, del 27 de agosto del 2012).
Por su parte, la Sala también se pronunció sobre el recurso de oposición, donde
únicamente se vio en la necesidad de decir cuál es el uso correcto del mismo:
Considerando, que para una mejor comprensión del proceso es preciso señalar
que la decisión ahora impugnada resuelve un trámite del proceso sobre una
excepción constitucional incidental, planteada por el imputado (...), la cual fue
declarada inadmisible mediante auto dictado el 3 de noviembre de 2010, por el
Presidente del Primer Tribunal Colegiado del Juzgado de Primera Instancia del
Distrito Judicial de Santo Domingo, y contra el cual no se interpuso recurso viable,
pues dicho recurso lo era el de oposición que es el que procede contra las
decisiones que resuelven un ‘trámite o incidente del proceso’, pero que no tenga
carácter de definitivo, es decir, que el juez continúe apoderado de la cuestión
principal, como sucedió en la especie; Considerando, que como se observa, el
recurso que procedía incoar en la especie era el de oposición, no el de casación
como erróneamente intentó el imputado; por lo que el recurso que se examina
carece de pertinencia y procede rechazarlo (Sentencia núm. 20, del 27 de abril del
2011).
2.8.7 Determinación de la pena
La Segunda Sala interpretó lo estipulado en el artículo 339 del Código Procesal Penal,
sobre los criterios para la determinación la pena. En este sentido dijo que:
Considerando, de lo antes dicho se colige, que contrario a lo alegado la Corte a-qua
motivó correctamente el aspecto relativo a la violación al artículo 339 del Código
Procesal Penal, que oportuno es precisar que dicho texto legal por su propia
naturaleza no es susceptible de ser violado, toda vez que lo que provee son
parámetros a considerar por el juzgador a la hora de imponer una sanción, pero
nunca constituye una camisa de fuerza que lo ciñe hasta el extremo de coartar su
función jurisdiccional; que además los criterios para la aplicación de la pena
establecidos en el artículo 339 del Código Procesal Penal no son limitativos en su
contenido y el tribunal no está obligado a explicar detalladamente porqué no
acogió tal o cual criterio o porqué no le impuso la pena mínima u otra pena, que la
individualización judicial de la sanción es una facultad soberana del tribunal y
puede ser controlada por un tribunal superior cuando esta atribución ha sido
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Mayo 2016
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año 6 • NúMERO 11 • JUNIO 2016