Calificadora Periodismo disidente? reconsideraciones Cristóbal hermoso

JUSTICIA &
Razón
de propiedad inmobiliaria, trajo como consecuencia
la promulgación y puesta en vigencia
de la Ley núm. 1542-47, sobre Registro de
Tierras, de fecha 7 de noviembre del 1947,
primera ley dominicana que regula de forma
eficiente el sistema inmobiliario, y que reproduce
la Orden Ejecutiva 511, en todos los
principios y procedimientos instituidos en
ella, ley que estuvo en vigencia por 58 años y
que sustentó las bases del derecho inmobiliario
ampliamente.
A 58 años de vigencia de esta Ley núm.
1542-47, el legislador al entender que era
inminente una adecuación y modernización
del Sistema Inmobiliario la derogó al promulgar
la Ley núm. 108-05, sobre Registro
Inmobiliario, de fecha 23 de marzo del año
2005, disponiéndose en la indicada ley un
período de “vacatio legis” de dos años para
su vigencia plena; esto a fin de viabilizar
institucionalmente su aplicación. Esta nueva
entró en vigencia plena en fecha 4 de abril del
2007 y tuvo como finalidad esencial tecnificar
el ya existente Sistema Torrens; es por
ello que implementa nuevas herramientas y
procedimientos con los más altos criterios de
eficiencia, descentralización, organización,
separación de funciones, desjudicialización y
celeridad, propios de los países más desarrollados
en la materia. En ese proceso fuimos
asesorados por diversos expertos internacionales,
entre ellos España y Argentina. De
suerte tal, que en la actualidad no es vano decir
que el derecho de propiedad inmobiliario
dominicano descansa una gran efectividad
procedimental y de seguridad jurídica en
todos sus ámbitos.
Es bueno recordar que el Sistema Torrens
que fuera introducido en Australia en el año
1858, por el señor Richard Torrens, es el que
nos rige, también conocido como sistema
australiano o sistema de inmatriculación,
pero adaptado al sistema dominicano. En este
sistema registral e inmobiliario la inscripción
es obligatoria, a fin de que el Estado esté en
condiciones de brindar las garantías debidas.
Una vez efectuado el primer registro, éste
es permanente, por lo que toda la actividad
y vida jurídica del inmueble transcurre por
ante el órgano registral denominado Registro
de Títulos y solamente en este órgano es que
podemos obtener el historial de la parcela y
se configuran los principios de tracto sucesivo,
prioridad, publicidad y especialidad como
pilares del sistema.
Con el inicio del Programa de Modernización
de la Jurisdicción de Tierras (PMJT) fueron
tomados como parámetros o criterios a implementar,
los siguientes:
1. La imperiosa necesidad de adecuación
de la Ley núm. 1542-47 de Registro de
Tierras, ya que en los últimos años el
sistema se tornó muy defectuoso debido
a las distorsiones normativas existentes.
2. El crecimiento económico y demográfico
del país ameritaba que el sistema
vigente fuera reforzado, actualizado y
modernizado.
3. La seguridad jurídica inmobiliaria se
encontraba gravemente amenazada con
el sistema que teníamos, en especial por
la falta de seguridad técnica en el manejo
de los expedientes, de la data y las constancias
anotadas.
4. Era necesario un cambio de paradigma
en los servidores judiciales internos, así
como en los usuarios externos, sobre
todo, en materia de capacitación.
5. Era evidente la falta de recursos tecnológicos
para garantizar efectivamente el
ejercicio y la protección del derecho de
propiedad.
6. La necesidad de establecer un nuevo
modelo organizacional que contribuyera
con: la descentralización del sistema, la
separación de funciones, la asignación
de niveles de responsabilidad, jerarquía
y relaciones adecuadas entre las instituciones
que componían la jurisdicción de
tierras.
7. La necesidad de establecimiento de un
nuevo modelo de gestión para simplificar
y optimizar los procedimientos,
desjudicializándolos e incrementando
la celeridad de los mismos, así como la
viabilidad del acceso a la jurisdicción.
8. No existían mecanismos de captación de
necesidades de los usuarios con miras a
buscar respuesta adecuada y oportuna.
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año 6 • NúMERO 11 • JUNIO 2016