Calificadora Periodismo disidente? reconsideraciones Cristóbal hermoso

JUSTICIA &
Razón
ulteriormente llevarlo a la resolución del conflicto
penal mediante el trámite conciliatorio.
Al margen de tales intenciones ocultas, el
jurista diestro en las lides judiciales tiene
que ceñirse a la lógica del derecho formal y
material, pues rara vez resulta exequible que
ambos delitos mediáticos puedan concurrir
juntos. Tampoco es tan frecuente que dichas
infracciones se susciten concomitantemente
en la escena social, de suerte que sean subsumibles
en la ley general y especial a la vez, por
provenir del periodismo tradicional, escrito o
impreso, audiovisual o electrónico, o bien por
dimanar de la galaxia digital.
Además, la susodicha mixtura resultó distante
de la lógica, puesto que debido a la
privatización del proceso penal, que antes
era totalmente público, las infracciones
de difamación e injuria en el encuadre de
la codificación penal general, así como en
el marco de Ley núm. 6132, constituyen
acciones de carácter penal privado, donde al
Ministerio Público no le compete intervenir
en la escena forense, ya que en ese ámbito
judicial tan sólo actúan el acusador y su legítimo
contradictor, de cara al juez apoderado
de la causa llevada por ante su jurisdicción,
por el impulso procesal del accionante en
justicia.
En cambio, en lo concerniente a los delitos
dígito-mediáticos, las infracciones cometidas
en la galaxia cibernética, bajo el socaire del
artículo 64 de la ley núm. 53-07, quedan tipificadas
procesalmente como acciones penales
de carácter público, ora llevada en interés del
Ministerio Público, ora incoada en beneficio
de una tercera persona cualquiera, afectada
prima facie en su honor, honra o consideración,
por la comisión de la difamación o
injuria, perpetrada en el ciberespacio.
Hasta hace poco, tan sólo hubo atisbos en el
fuero del derecho jurisprudencial, tendentes
a forjar precedentes judiciales sólidos en
procura de hacer añicos la responsabilidad
penal en cascada o escalonada, prevista
en los artículos 46 y 47 de Ley núm. 6132,
cuya sustantividad establecía una escala de
eventuales autores en la escena forense de
la justicia represiva. A saber, el director del
medio periodístico iba colocado en primer
lugar. Luego, seguía el sustituto, tras de sí el
editor. En dicha línea sucesoria, continuaba
el redactor. Por último, el impresor habría de
encausarse en ausencia de los demás.
Así, a través de tales atisbos, se percibe que la
tendencia de la jurisprudencia criolla procuraba
reivindicar el principio de personalidad
de la persecución 5 para atribuir entonces
la eventual responsabilidad penal a quien
figurare como redactor o autor de la noticia,
crónica, artículo de opinión o reportaje de
prensa, entre otros géneros periodísticos,
cuya literalidad o esencia propendiere hacia
la tipificación de la difamación o injuria.
Por otro lado, trazando el rumbo de la ruta
crítica, cabe resaltar que en la actualidad
existe una tendencia entroncada en el derecho
legislado que gira hacia la favorabilidad
de la despenalización de la difamación e
injuria, hechos punibles sindicados como
delitos mediáticos en sus diferentes matices.
Así, verbigracia, la codificación punitiva
de carácter federal en México 6 representa un
ejemplo ilustrativo para ser mostrado como
botón o marcador sobresaliente, aunque no
sea el único que haya en el orbe terráqueo.
En nuestro territorio insular, el Tribunal
Constitucional (TC), actuando como legislador
negativo, acaba de dictar una sentencia,
cuyo dispositivo fue epigrafiado ut supra, a fin
de extirpar del sistema jurídico vernáculo los
artículos 30, 31, 34, 37, 46, 47 y 48 de la Ley
núm. 6132, sobre expresión y difusión del
pensamiento, robusteciendo así los derechos
libertarios de opinión e información, tras
despenalizar en este ámbito la difamación e
injuria, y eliminando por igual la responsabilidad
penal en cascada.
En una mirada retrospectiva hacia la centuria
decimonónica, siglo cuando surgió
el Estado policía, gendarme, omnímodo,
monopolístico o interventor, cuya ideología
predominante consistía en erigir la cosa
pública como el bien jurídico de mayor
tutelaje,entonces, bajo ese encuadre ideario,
parece que era enteramente válido instituir
5 Auto núm. 18-2013, fecha 17 de abril de 2013, dimanante del
presidente de la Suprema Corte de Justicia.
6 Hernández Orozco, Horacio Armando et allis: Deontología Jurídica
del Periodismo, Ética y Responsabilidad Legal, Editora Tirant
Lo Blanc, Valencia, España, 2011.
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año 6 • NúMERO 11 • JUNIO 2016