Calificadora Periodismo disidente? reconsideraciones Cristóbal hermoso

JUSTICIA &
Razón
de la prensa u opinión pública, debe despertar
o concitar un interés general. Luego,
la información servida es veraz, o al menos
verosímil, puesto que antes de publicarla se
realizó el contraste de los datos o insumos
recibidos o recabados, a fin de ver si la noticia
o primicia era cierta o real. Entretanto, si a
la postre, tras desplegar tales esfuerzos, sale
a relucir la falsedad latente, surge en consecuencia
un error de prohibición. Por último,
tiene que darse la ausencia de manifiesto
desprecio hacia la verdad.
En la búsqueda oportuna de similar estandarización
objetiva, se sentó un precedente en
la justicia norteamericana, en la sede judicial
del más alto nivel de la judicatura estadounidense,
a propósito de conocerse en 1964 el
caso New York Times versus Sullivan 8 , en cuya
ocasión surgió la teoría denominada actual
malice, noción de origen anglosajón mal
traducida en nuestra lengua materna, pues
literalmente se ha dicho que significa real
malicia, pero haciendo la debida adecuación
lingüística hay que acotar que ese sintagma
nominal puede ser equiparado en la jerga
propia de la ciencia del derecho como evidente,
indudable o fehaciente mala fe.
La teoría de la real mala fe, a contar del precedente
judicial de estirpe anglosajona, tuvo
repercusión en otras altas jurisdicciones que
siguen la tradición romano-germánica, entre
ellas el Tribunal Constitucional Español y la
Corte Europea de Derechos Humanos, y ni
hablar de fueros anclados en las latitudes
latinoamericanas, donde también ha cobrado
asiento la consabida doctrina reivindicatoria
de la libertad jurídica atinente a la prensa.
La pauta estandarizada de la objetividad
judicial, trazada a través de la teoría de
la real mala fe, concita aplicación plena
en el campo de las funciones de alto nivel
prestadas en el Estado, o bien respecto de
aquellas personas que adquieren notoriedad
pública, por ser celebridades del parnaso de
la fama, del estrellato cinematográfico, arte,
espectáculo, deporte o de otras actividades
que les permiten salir de la vida anodina, común,
ordinaria o netamente privada, cuyo
8 Vásquez, Adolfo Rodolfo: Libertad de Prensa, Ediciones Ciudad
Argentina, Buenos Aires, Argentina, 1998.
acceso a la estructura mediática les garantiza
de antemano el ejercicio de los derechos
rectificativo y responsivo, a fin de revertir
las inexactitudes o falsedades que puedan
colarse en una información periodística,
o bien de críticas políticas sin asidero de
validez argumentativa, proferidas con determinada
maquinación.
En la esfera de la vida pública, la teoría de
la real mala fe ha dado al traste con la presunción
juris tantum regente en materia de
comunicación periodística, tras lo cual una
vez evidenciada la noticia difamatoria quedaba
presumida la culpa o intención dolosa
del informador público, pero bajo el socaire
de dicha doctrina de creación judicial le toca
al funcionariado estatal demostrar que el
profesionista o la empresa comunicológica
obró así,a sabiendas de que la información
divulgada era mendaz.
Ello sabido, resulta obvio que frente al funcionariado
estatal o burocracia gubernamental,
o bien en la esfera de las personas de vidas
públicas, el carácter preferente del ejercicio
del derecho a la información constituye una
verdad axiomática, tal como lo preconiza la
teoría de la real mala fe. Esto así, a fin de evitar
a todo trance la autocensura, en razón de
que en tales condiciones se tiende a menguar
el libre mercado de las ideas, debido al riesgo
inminente que se corre de ser objeto de
crítica en una sociedad de plural democracia
participativa.
Como cierre conceptual, cabe aseverar
que a la vista de todo cuanto acontece en
el mundo hodierno se comprueba que los
mandatarios o administradores de la cosa
pública deben exhibir altos niveles de tolerancia
y un talante cívico acrisolado para
permitir el flujo dinámico de la información,
así como mostrar actitud receptiva
hacia la crítica de los ciudadanos, puesto
que hoy se tiende a vivir en la antesala de la
sociedad de lo público, donde el secretismo
estatal de antaño ha ido perdiendo vigencia,
lo cual redunda en provecho de los
derechos a decir y saber, en cuyo contexto
témporo-espacial viene a quedar radicada
la temperancia ponderativa entre las prerrogativas
así puestas en juego.
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año 6 • NúMERO 11 • JUNIO 2016