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Marzo de 2009, N.º 873 de la versión original
fuerza de mantenimiento de la paz de la ONU o regional, que se encuadra en la
categoría de jus ad bellum, y sin importar la protección especial a la que el personal
de mantenimiento de la paz tiene justo derecho en virtud de la Convención de las
Naciones Unidas sobre la Seguridad del Personal y del Personal Asociado, la aplicación
del DIH debe depender de los hechos en el lugar 47 .
Teniendo en cuenta que en todo conflicto armado hay víctimas (independientemente
de quién apriete el gatillo), es fundamental que el personal de mantenimiento
de la paz que participe en estos conflictos se rija por los derechos y
obligaciones del DIH. En los artículos 2 y 3 comunes a los Convenios de Ginebra
se reafirma expresamente lo antedicho como un hecho jurídico, y lo mismo sucede
en el boletín del secretario general de la ONU, “Respeto del derecho internacional
humanitario por las fuerzas de las Naciones Unidas”, desde una perspectiva política
48 . El Estatuto de Roma también lo confirma en su artículo 8(2)(b)(iii), donde se
estipula que atacar a los miembros de las fuerzas de mantenimiento de la paz es un
crimen de guerra “siempre que tengan derecho a la protección otorgada a civiles
o bienes civiles con arreglo al derecho internacional de los conflictos armados”. El
texto implica claramente que el personal de mantenimiento de la paz cesa de gozar
de la protección otorgada a las personas civiles si participa en un enfrentamiento,
lo cual se condice con los principios del DIH sobre la igualdad de los beligerantes y
la diferencia entre el jus ad bellum y el jus in bello.
El desafío para los jefes militares radica en desembarazarse de la política
de estado que rodea esta cuestión y recordar lo básico: que sus fuerzas de mantenimiento
de la paz llevan rifles por si llegara a desatarse un conflicto armado 49 ,
aunque sea únicamente en defensa propia; que, en caso de conflicto armado, sus
tropas sólo pueden beneficiarse de la aplicación del DIH, y que pisarán terreno firme
en cuanto a los aspectos morales, políticos y jurídicos si se aseguran de que sus
tropas estén familiarizadas con el DIH y en su aplicación particular en el contexto
de apoyo a la paz, independientemente de su mandato.
La “guerra contra el terrorismo”
En los últimos años, los Estados se han visto envueltos en debates altamente
politizados vinculados con los derechos jurídicos de los “terroristas” en sus
jurisdicciones. El rótulo de “terrorista” ha permitido que los Estados afirmen, sin
fundamento en el derecho internacional, que clases enteras de personas carecen de
protección jurídica internacional significativa. Inevitablemente, el estigma político
del terrorismo también ha ingresado en el terreno de la clasificación jurídica.
El problema empieza con el propio término “guerra contra el terrorismo”,
que, al igual que la “guerra contra las drogas” o la “guerra contra el analfabetismo”,
no constituye en absoluto una categoría jurídica de conflicto. Para poder clasificar
47 9 de diciembre de 1994, vigente a partir del 15 de enero de 1999.
48 Secretaría de las Naciones Unidas, documento de la ONU ST/SGB/1999/13, 6 de agosto de 1999.
49 Como han ilustrado gráficamente los conflictos armados recientes entre las tropas de la MONUC y las
facciones armadas en la región oriental de la República Democrática del Congo.