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Toni Pfanner - Diversos mecanismos y enfoques para aplicar el derecho internacional humanitario...
cional humanitario si ambos Estados han aceptado la jurisdicción de la Corte 266 .
Por lo general, la Corte tiene jurisdicción sólo sobre la base del consentimiento, y
únicamente los Estados pueden ser partes en los casos contenciosos 267 . Cuando
se le solicita entender en una causa o emitir una opinión acerca de una cuestión
vinculada con un conflicto armado, la CIJ aplica con toda naturalidad el derecho
humanitario internacional, puesto que, a diferencia de muchos otros órganos internacionales,
tiene la libertad de remitirse a todo el derecho internacional aplicable,
no sólo a determinada rama o a un tratado específico 268 . En el caso Nicaragua c.
Estados Unidos de América, Estados Unidos, que, cuando se creó la Corte en 1946,
había aceptado su jurisdicción obligatoria, retiró su aceptación tras el dictamen
pronunciado por la CIJ en 1984, en el que exhortaba a los Estados Unidos a cesar
y abstenerse del uso ilícito de la fuerza contra el gobierno de Nicaragua. La Corte
dictaminó que Estados Unidos había violado la obligación que le imponía el Tratado
de Amistad con Nicaragua de no usar la fuerza contra Nicaragua, y ordenó
a Estados Unidos que pagara reparaciones de guerra 269 . En su sentencia final en
el caso del Congo, la CIJ sostuvo que las actividades armadas de Uganda en la República
Democrática del Congo (RDC), que tuvieron lugar entre agosto de 1998 y
junio de 2003, habían violado el derecho internacional de los derechos humanos y
el derecho internacional humanitario, y ordenó a Uganda que pagase reparaciones
a la RDC 270 . Ambas sentencias pueden haber ayudado a crear conciencia, pero
aún no se han hecho efectivas. Las opiniones consultivas acerca de la Licitud de la
amenaza o el empleo de las armas nucleares y las Consecuencias jurídicas de la construcción
de un muro en el territorio palestino ocupado constituyeron hitos jurídicos
266 En virtud del Capítulo XIV de la Carta de las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad de la ONU está
autorizado a hacer cumplir las decisiones, pero esa medida está sujeta al poder de veto de sus cinco miembros
permanentes.
267 V. Art. 36 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia.
268 V. Art. 38(1) del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia.
269 CIJ, Caso sobre las actividades militares y paramilitares en Nicaragua y contra Nicaragua (Nicaragua c.
Estados Unidos de América), nota 95 supra, párrs. 60 y 218. Estados Unidos se rehusó a participar después
de que la Corte rechazó su argumento de que la CIJ carecía de competencia para entender en el caso. Más
tarde, Estados Unidos bloqueó la aplicación de la decisión por el Consejo de Seguridad, frustrando los
intentos de Nicaragua por obtener el cumplimiento de la sentencia. A finales de 2008, el jefe de Estado de
Nicaragua reiteró la solicitud de reparaciones (US$17.000 millones) sobre la base de esta sentencia: V. Iván
Castro, “Nicaragua asks U.S. for war reparations in aid row”, Reuters, 2 de diciembre de 2008, disponible
en http://www.reuters.com/article/idUSTRE4B115920081202 (consultado el 30 de agosto de 2010).
270 Tras determinar que Uganda era potencia ocupante en Ituri (RDC), la Corte sostuvo que Uganda fue
responsable de violaciones del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional
humanitario en ese territorio. Las presuntas violaciones abarcaban desde masacres en gran escala de
personas civiles y actos de tortura hasta otras formas de trato inhumano y degradante. También se presentaron
denuncias sobre la incautación ilegal de bienes civiles por los soldados ugandeses, el secuestro
y la conscripción forzada de varios centenares de niños congoleños por la Fuerza Popular de Defensa de
Uganda, en 2000, y la omisión de las fuerzas ugandesas de distinguir entre combatientes y no combatientes,
de conformidad con las normas del derecho internacional humanitario. V. Case Concerning Armed
Activities on the Territory of the Congo (DRC v. Uganda), CIJ Reports 2005, párrs. 181–221. La RDC reclamó
reparaciones por valor de US$10.000 millones, pero la compensación debe ser negociada en forma
bilateral entre los dos Estados. Sin embargo, es posible que el proceso de negociación sea muy prolongado
y que pasen muchos años antes de que se alcance un acuerdo (si es que alguna vez se alcanza); por otra
parte, también será muy difícil hacer cumplir la sentencia que establece la compensación.
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