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François-Bernard Huyghe - La impureza de la guerra
entre enemigos criminales, como los terroristas y “eventuales amigos” o “virtualmente
enemigos” (como poblaciones locales de las que hay que garantizar al menos
la neutralidad aparente, puesto que se interviene en su territorio sólo por su
bien), estas nociones no responden al esquema canónico. Todo apunta a mantener
el empleo de la fuerza en un grado aceptable, a la vez porque eso responde a la sensibilidad
de la opinión y porque el objetivo de las operaciones militares es menos
ganar un conflicto que mantener el orden internacional así como el orden interno,
suponiendo que la globalización aún permita que subsista esa diferencia.
La amenaza aleatoria y los ataques a distancia
Uno de los problemas de la confusión orden/paz y guerra/desorden es que
el fuerte se vuelve más sensible a la amenaza aleatoria. Hemos mencionado el terrorismo,
pero un Estado moderno puede ser víctima de otras formas de agresión
cuya naturaleza es muy difícil de calificar, incluso de actos de guerra que justifiquen
una represalia. Tal es el caso de la famosa “ciberguerra” o guerra informática,
designación dudosa que agrupa todos los actos agresivos que se pueden realizar a
distancia, por lo general de forma anónima por computadora o una red de computadoras
interconectadas. Es un ejemplo de la confusión de los distintos tipos y de
los conflictos mixtos típicos de nuestra época.
Esos ataques pueden sustituir la propaganda (penetrar en un sitio gubernamental
para ridiculizarlo o difundir un eslogan vengativo, por ejemplo), pueden
ser del orden del espionaje (apoderarse de datos confidenciales, interceptar mensajes),
pero también pueden constituir una forma de sabotaje: paralizar un sitio gubernamental,
agredir a una empresa con una importancia estratégica, desorganizar
lo que los estadounidenses llaman “infraestructuras vitales” (los servicios de urgencia,
el suministro de agua o electricidad, la circulación por tierra o aérea, etc.).
Todo eso con programas llamados “malintencionados”, que permiten apoderarse
del mando desde máquinas remotas. Pero cuando un Estado sufre un “ciberataque”
como recientemente fue el caso de Estonia o Georgia, inmediatamente
se ve confrontado a problemas de trazabilidad de la agresión (¿de dónde viene el
ataque y quién maneja en realidad los sitios y servidores de donde éste parece provenir?)
y a una cuestión de amplitud de sus daños. ¿Quién realiza el ataque? ¿Un
servicio gubernamental? ¿Mercenarios como los que se “alquilan” por Internet?
¿Un grupo privado militante? ¿Criminal? ¿Terrorista? ¿Cómo evaluar el daño y
cuándo hay que calificarlo de acto de guerra, sobre todo si no causa muertes? ¿Qué
es privado y qué es público en ese caso?
Del mismo modo, un “ciberataque” suscita el problema de interpretar las
intenciones del atacante. El fin del ataque puede ser preparar o acompañar un ataque
militar tradicional, pero también puede tener un valor de advertencia: un sabotaje
a modo de mensaje y para apoyar una reivindicación o una amenaza. Se
vuelve delicado decidir cómo responder a él (es difícil, por ejemplo, responder a
un programa malintencionado con una descarga de bombas y, más difícil aún, justificarse
ante la ONU). Todo se complica por el hecho de que un “ciberataque” que
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