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Marzo de 2009, N.º 873 de la versión original
su formación ordinaria sobre el derecho aplicable a los conflictos armados. Comprenderá
que si los soldados talibanes abren fuego contra su patrulla con armas
pequeñas y granadas propulsadas por cohetes desde dentro de un pueblo, se exige
a sus tropas garantizar que las pérdidas incidentales que sufra la población civil o
su infraestructura a raíz de su reacción armada no sean excesivas en relación con la
ventaja militar directa prevista 11 .
Si, seis meses después, se le ordenara a ese mismo oficial reprimir un disturbio
interno en su país de origen en tiempo de paz, y aplicara los principios del
DIH, se inclinaría por ordenarles a sus subordinados que recurran a sus rifles contra
los agitadores violentos, a la vez evitando cuidadosamente causar daños colaterales
entre los transeúntes. Ante la falta de una amenaza inminente a la vida de sus
tropas o de otra persona, esa decisión representaría una violación fundamental del
derecho internacional de los derechos humanos 12 . En la mayoría de los países, esta
reacción también lo llevaría ante un tribunal militar por cargos que pueden llegar
incluso al de asesinato. Por lo tanto, no se puede exagerar la importancia de la formación
específica para la misión y el contexto, que será adecuada en función de la
clasificación jurídica del conflicto.
Espectro jurídico de las operaciones militares
Situaciones que no son conflictos armados: cómo compatibilizar el DIDH y
el derecho nacional
Desde el final de la Guerra Fría, las fuerzas armadas han ampliado sus operaciones
fuera del paradigma tradicional del conflicto armado. Existen varias situaciones
en las que la policía y las fuerzas de seguridad del Estado probablemente se
vean abrumadas por sucesos en el terreno, que van desde los relativamente inocuos
(por ejemplo, las medidas de seguridad para una cumbre internacional) hasta una
crisis nacional declarada. Por consiguiente, las fuerzas armadas pueden ser llamadas
a intervenir en una variedad ilimitada de operaciones nacionales que no adquieren
las proporciones de un conflicto armado, como el control de disturbios, la provisión
de personal para puestos de control, la protección de rutas, las operaciones de acordonamiento
y búsqueda, el servicio de escolta, el rescate de rehenes y la lucha contra
la piratería, por citar sólo algunos ejemplos. En teoría, el derecho nacional que rige
dichas operaciones debería reflejar el DIDH pero, en la práctica, los comandantes militares
pueden encontrarse en la incómoda posición de tener que conciliar el derecho
de sus jefes políticos con las obligaciones internacionales contraídas por el Estado.
Incluso en aquellos Estados que verdaderamente intentan acatar las normas
del derecho internacional, en la doctrina, la formación y las órdenes impartidas en
operaciones nacionales se han de tener en cuenta los tratados de “derecho duro” como
11 Art. 51 (5)(b), Protocolo adicional I.
12 V., por ejemplo, art. 6(1), Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) del 16 de diciembre
de 1966, vigente a partir del 23 de marzo de 1976; Guerrero c. Colombia (R.11/45), PIDCP, A/37/40 (31 de
marzo de 1982) 137, párrafo 13.2–13.3.