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Junio de 2009, N.º 874 de la versión original
cuestiones de hecho 36 , sus pronunciamientos a menudo darían lugar a la categorización
jurídica de esos hechos y a la determinación de responsabilidades 37 . De
conformidad con el párrafo 5 del artículo 90, la Comisión está obligada a presentar
un informe a las partes concernidas acerca de sus determinaciones de cuestiones
de hecho, con las recomendaciones que considere apropiadas. En el apartado (c) de
este artículo, se dispone asimismo que la Comisión no debe publicar sus conclusiones
a menos que todas las partes en el conflicto le hayan solicitado que lo haga 38 . El
hecho de que la Comisión deba mantener la confidencialidad de sus conclusiones
recuerda el modus operandi del CICR, pero realmente la confidencialidad no es un
sistema de funcionamiento apropiado para una comisión internacional.
En principio, la Comisión Internacional de Encuesta puede iniciar una investigación
sólo si todas las partes concernidas han consentido en ello 39 , pero nada
impide a un tercer Estado solicitar que la Comisión investigue una infracción o una
violación grave del derecho humanitario cometida por una parte en un conflicto,
siempre que la parte en cuestión también haya reconocido la competencia de la
Comisión 40 . Esta posibilidad surge de la obligación de “hacer respetar” el derecho
de los conflictos armados.
Aunque se estableció en 1991, la Comisión todavía no ha sido activada 41 ,
ni es probable que lo sea a menos que se la habilite para realizar investigaciones por
iniciativa propia o a petición de una sola parte en un conflicto, o en virtud de una
decisión adoptada por otro órgano (por ejemplo, el Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas) 42 . En la práctica, las comisiones de investigación organizadas e
impuestas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 43 incluso a Estados
36 La función de la Comisión puede trascender la mera encuesta, puesto que está autorizada a facilitar, mediante
sus buenos oficios, el retorno de una actitud de respeto de los Convenios y del Protocolo adicional
I. Por “buenos oficios” puede entenderse la comunicación de conclusiones sobre las cuestiones de hecho,
la formulación de comentarios sobre las posibilidades de alcanzar un arreglo amistoso, las observaciones
escritas y orales de los Estados interesados, etc. (ibíd., párr. 3625).
37 David, nota 34 supra, pág. 672.
38 Cabe preguntarse si una Parte contra la cual se ha cometido una infracción puede tener interés en solicitar
una investigación a una Comisión que no está facultada para sancionar y que no da a conocer públicamente
sus conclusiones incluso si descubre las masacres más abominables. La única “sanción” posible,
que es la publicación de los resultados de la investigación, está prácticamente excluida. En el caso de un
organismo que actúa en favor de las víctimas sobre el terreno, la discreción sería justificable, pero no lo es
cuando se trata de determinar cuestiones de hecho, a menos que esa determinación sirva para facilitar los
enjuiciamientos penales a nivel nacional.
39 Art. 90, PA I. De todos modos, el hecho de que el Estado impugnado acepte la competencia de la Comisión
ciertamente no garantiza que el procedimiento sea satisfactorio, puesto que es altamente improbable
que un Estado beligerante acusado de infringir la ley de los conflictos armados ayude al organismo de
encuesta a determinar la verdad de la acusación (David, nota 34 supra, págs. 673–675).
40 “Competencia opcional”, art. 90(2)(d). Sin embargo, los Estados que ratifican el Protocolo adicional I
pueden formular una declaración por la que reconocen por anticipado la “competencia obligatoria” de
este órgano (art.90(2)(a)).
41 V. el sitio web de la Comisión, en http://www.ihffc.org/ (consultado el 1º de junio de 2009).
42 Para más detalles, v. Vité, nota 33 supra, págs. 43, 99, 117.
43 Por ejemplo, en el marco del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, y mediante la Resolución
1564 (2004), el Consejo encomendó al Secretario General que estableciera con prontitud una comisión
internacional de encuesta que investigase las denuncias de violaciones de los derechos humanos en Darfur
y determinase si se habían producido actos de genocidio.
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