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Septiembre de 2009, N.º 875 de la versión original
armado no internacional de otras formas de violencia, en particular el crimen organizado
y las actividades terroristas? ¿Y qué ocurre cuando un conflicto no internacional
traspasa la frontera del Estado, por ejemplo?
La ausencia de respuestas claras a estas preguntas hace posible de hecho
que las partes esquiven sus obligaciones jurídicas. La existencia de un conflicto
armado puede refutarse para sortear la aplicación del DIH en su conjunto. Por el
contrario, otras situaciones pueden describirse de forma poco precisa o prematura
como conflictos armados, precisamente para abrir la puerta a la aplicabilidad del
DIH y a sus normas más permisivas respecto al uso de la fuerza, por ejemplo.
Aun cuando la aplicabilidad del DIH en un conflicto no internacional no
se cuestione, el hecho de que el derecho basado en tratados que se aplica a estas
situaciones es, como mínimo, limitado ha abierto nuevas incertidumbres.
Recordemos, no obstante, que los conflictos armados no internacionales
no solo se regulan por el derecho de los tratados. El número sustancial de normas
identificadas en el estudio sobre el derecho internacional consuetudinario, realizado
en 2005 por el CICR, estipulan reglas jurídicamente vinculantes adicionales
para estas situaciones.
Pero, aunque el DIH consuetudinario pueda cubrir algunas lagunas, en
este tipo de conflictos siguen surgiendo problemas humanitarios que no se abordan
plenamente en el régimen jurídico actual.
El DIH aplicable en los conflictos no internacionales contiene principios
generales, pero sigue siendo insuficiente en lo que respecta a las condiciones materiales
de la privación de libertad y el derecho de los detenidos al contacto con el
mundo exterior, por ejemplo. La ausencia de normas precisas sobre diversos aspectos
del tratamiento y las condiciones de la privación de libertad y la falta de
claridad que rodea a los centros de detención pueden tener consecuencias inmediatas
y graves en la salud y el bienestar de los detenidos. Por lo tanto, aun cuando
el reto humanitario principal siga siendo la falta de recursos de las autoridades que
imponen la detención y la inobservancia de los principios generales existentes, una
regulación más precisa de las condiciones de la detención en los conflictos armados
no internacionales podría ser un complemento útil de los requisitos fundamentales
del DIH.
Otro ámbito que sufre de falta de claridad jurídica es el de los principios y
garantías procesales de las personas internadas por motivos de seguridad. En un
esfuerzo por aclarar los mínimos derechos procesales, en 2005 el CICR difundió un
conjunto de principios y salvaguardas procesales aplicables a cualquier situación
de internamiento, basados en leyes y políticas. El CICR se ha amparado en esta
posición en su diálogo operacional con las autoridades que ejercen la detención
en diversos contextos alrededor del mundo. No obstante, podría garantizarse una
protección más adecuada si los Estados dieran un fundamento jurídico más sólido
a las salvaguardas procesales.
También en otros ámbitos surgen problemas humanitarios, en parte por la
falta de normas, o porque esas normas son demasiado generales o vagas, dejando
mucho espacio para la interpretación subjetiva. Entre esos ámbitos se encuentra el
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