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Andrew J. Carswell - Cómo clasificar los conflictos: el dilema del soldado
el DIH del conflicto armado internacional o no internacional) a veces exige un
análisis del jus ad bellum. Dada la naturaleza inherentemente política de esta determinación,
sería ingenuo suponer que los Estados la llevarán a cabo con completa
objetividad.
Como advirtió acertadamente la Sala de Primera Instancia del Tribunal
Penal Internacional para Ruanda (TPIR), en su fallo sobre el caso Akayesu:
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Debería tenerse en cuenta que los cuatro Convenios de Ginebra, como así
también los dos Protocolos, se adoptaron principalmente para proteger a
las víctimas y posibles víctimas de los conflictos armados. Si la aplicación
del derecho internacional humanitario dependiera únicamente de la discrecionalidad
de las partes en el conflicto, en la mayoría de los casos éstas
tenderían a minimizar el conflicto 37 .
Sin embargo, un aspecto fundamental del derecho internacional es la confianza
que deposita en los propios Estados para garantizar su aplicación. El DIH
no es la excepción a esta tendencia, y en ausencia de una autoridad judicial central
dotada del poder de clasificar independientemente los conflictos desde que se inician,
la aplicación objetiva del derecho depende de la buena voluntad de sus propios
sujetos 38 . Además, para cuando los tribunales independientes nacionales o internacionales
se encuentren en condiciones de determinar en forma objetiva el derecho
aplicable, es posible que los Estados que hayan establecido niveles menores para la
protección de los supuestos beneficiarios del DIH ya hayan ocasionado el daño.
En términos prácticos, la problemática intersección del jus ad bellum y el
jus in bello en el nivel de la clasificación jurídica puede darse en una variedad de
contextos, entre los cuales se cuentan los conflictos por procuración, las guerras de
independencia, las operaciones de apoyo a la paz y la denominada guerra contra el
terrorismo. En cada uno de estos casos, se les solicita a los Estados que realicen una
clasificación objetiva de una situación en la que tienen un fuerte interés político, lo
que deja a sus fuerzas armadas en una precaria posición de incertidumbre jurídica.
Conflictos por procuración
Es más que plausible clasificar un conflicto entre un Estado y un actor no
estatal como no internacional, sin importar dónde ocurra el conflicto 39 . Si otro
Estado acudiera en ayuda del Estado donde tienen lugar las operaciones, la clasificación
de no internacional no cambia. Si, por el contrario, el actor no estatal lucha
37 Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR), Prosecutor vs. Jean-Paul Akayesu, ICTR-96-4-T, sentencia
(Sala de Primera Instancia), 2 de septiembre de 1998, párr. 603.
38 Como organismo humanitario neutral e independiente, el CICR tiene competencia para clasificar conflictos
en pos de garantizar el mantenimiento de un enfoque jurídicamente coherente y proteger a las
víctimas reales y potenciales del conflicto. Sin embargo, a fin de preservar su neutralidad, generalmente
no da a conocer sus conclusiones cuando se pudiera percibir que ha adoptado una posición polémica con
respecto al jus ad bellum.
39 Para un debate sobre este principio, que es materia de controversia, v. Sassoli, nota 31 supra, pp. 8–9.