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Toni Pfanner - Diversos mecanismos y enfoques para aplicar el derecho internacional humanitario...
dos por la reacción refleja basada en los “asuntos internos” 119 . Además del derecho
de iniciativa humanitaria, consagrado en el artículo 3 común, en el artículo 19 del
Protocolo adicional II sólo quedó reflejada la obligación de dar a conocer dicho
instrumento.
En el derecho aplicable a los conflictos armados no internacionales no se
prevén procedimientos de encuesta o de investigación 120 . La medida en que los grupos
armados de oposición son responsables y están obligados a hacer reparaciones
es, en el mejor de los casos, incierta. La obligación de enjuiciar a los criminales de
guerra, implícitamente impuesta a las entidades no estatales, es difícil de cumplir
para éstas; por otro lado, las partes en esos conflictos no suelen estar dispuestas a enjuiciar
penalmente a las personas responsables de infracciones 121 . Antes de la adopción
del Estatuto de la Corte Penal Internacional, no había, en el ámbito del derecho
internacional humanitario, un mecanismo específico para procesar y enjuiciar a los
autores de violaciones del derecho o poner fin a esos actos. Sin embargo, la norma
general establecida en el artículo 1 común a los Convenios de Ginebra establece que
las partes beligerantes están obligadas a hacer respetar el derecho internacional humanitario
122 y a prevenir y sancionar las violaciones de sus normas. En efecto, según
la Corte Internacional de Justicia 123 , la obligación de hacer respetar los Convenios se
aplica también al artículo 3 común y, por ende, a los conflictos no internacionales.
Esta obligación también es aplicable a terceros Estados.
La definición de las infracciones del artículo 3 común como violaciones
119 En el Protocolo II se dispone que “No podrá invocarse disposición alguna del presente Protocolo con objeto
de menoscabar la soberanía de un Estado o la responsabilidad que incumbe al gobierno de mantener
o restablecer la ley y el orden en el Estado o de defender la unidad nacional y la integridad territorial del
Estado” o “No podrá invocarse disposición alguna del presente Protocolo como justificación para intervenir,
directa o indirectamente, sea cual fuere la razón, en el conflicto armado o en los asuntos internos o
externos de la Alta Parte contratante en cuyo territorio tenga lugar ese conflicto” (Art. 3, párrs. 1 y 2).
120 Inmediatamente tras su reunión constitutiva, celebrada en Berna los días 12 y 13 de marzo de 1993, la
Comisión Internacional de Encuesta expresó su voluntad de investigar, sujeto al consentimiento de todas
las partes en el conflicto, las violaciones del derecho humanitario que no sean violaciones graves y otras
infracciones graves, incluidas las cometidas en guerras civiles. Si bien la ampliación del mandato de la
Comisión para incluir los conflictos armados no internacionales se ha de acoger con satisfacción, cabe
preguntarse si este órgano realmente cuenta con la capacidad necesaria para investigar todas las violaciones.
En cualquier conflicto armado, se cometen cientos y hasta miles de violaciones graves. Si su oferta
realmente se aceptase, la Comisión se vería sobrepasada por la cantidad de denuncias que recibiría.
121 V. Jonathan Somer, “La justicia de la selva: dictar condena sobre la igualdad de los beligerantes en los conflictos
armados no internacionales”, International Review of the Red Cross, N.º 867, septiembre de 2007.
Disponible enwww.cicr.org/spa/revista.
122 En el caso Actividades militares y paramilitares en y contra Nicaragua (nota 95 supra, pág. 129, párr. 255)
la Corte Internacional de Justicia dictaminó que el art. 1 impone obligaciones de conducta también en
relación con un conflicto armado internacional.
123 Ibíd., pág. 114, párr. 220.
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