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Andrew J. Carswell - Cómo clasificar los conflictos: el dilema del soldado
Para concluir, el cambiante papel de los militares en la sociedad debe ir
acompañado de una nueva tendencia en el ámbito jurídico. Es obvio que si los militares
van a ser empleados en contextos que no sean conflictos armados, se los debe
formar adecuadamente más allá de los confines del DIH. En la práctica, esto significa
que los conceptos de DIDH tradicionalmente asociados a los controles policiales
sobre los civiles, que van desde el control de disturbios hasta el allanamiento y la
incautación, deben formar parte del vocabulario militar. Aunque el DIDH puede y
debe convertirse en objeto de instrucciones específicas de cada misión, es mucho
más probable que afecte el comportamiento de los soldados si, como en el caso del
DIH, se lo incorpora de manera sistemática en su doctrina, educación, formación
de campo y sistemas de justicia.
Considerado como un todo, el marco jurídico aplicable al espectro de las
operaciones militares es un mosaico de disposiciones que con frecuencia se superponen
y a veces se contradicen, y la aplicación formal de dichas disposiciones
puede ser objeto de interferencia política. Sin embargo, los principios de fondo del
derecho son relativamente sencillos, siempre y cuando se comprenda el contexto. A
fin de mejorar la claridad y evitar la influencia política, es esencial que los militares
incluyan los principios fundamentales del derecho en sus operaciones de forma
duradera.
En tanto los militares asocien el derecho de los conflictos armados y los
principios de humanidad con la disciplina, no será difícil convencerlos de que se
esfuercen por crear modelos de comportamiento operacional que, a la vez, sean
lícitos y estén sustancialmente a salvo de los vaivenes políticos. Al mismo tiempo,
si se pretende que las autoridades políticas respeten el requisito de la clasificación
jurídica objetiva, deben familiarizarse con el marco jurídico aplicable a las operaciones
militares. En definitiva, las autoridades civiles y militares deben hablar el
mismo idioma y comprender las razones que subyacen a la decisión voluntaria del
Estado de acatar el DIH y las normas del DIDH no susceptibles de suspensión incluso
en las circunstancias políticas más difíciles. Sólo entonces será posible poner
en práctica de manera efectiva la teoría del derecho.
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