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Junio de 2009, N.º 874 de la versión original
penal universal 26 . Las infracciones graves se consideran crímenes de guerra 27 . El
castigo de las infracciones a nivel nacional inmediatamente después de iniciado un
conflicto y mientras éste persiste es particularmente importante si se desea evitar
una espiral negativa de violaciones graves y reiteradas de la ley. Toda estructura
jurídica coherente debe contar con un sistema de sanciones, como elemento de
disuasión y como refuerzo de la autoridad coercitiva 28 .
Como los Estados prácticamente no se habían ocupado de impulsar la aplicación
del sistema de la jurisdicción penal universal, en el pasado, no se enjuiciaba
ni sancionaba a los responsables de este tipo de crímenes. Sin embargo, los mecanismos
internacionales como los Tribunales Penales ad hoc para ex Yugoslavia y para
Ruanda, establecidos por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 29 y, en
particular, la Corte Penal Internacional, han dado impulso a los enjuiciamientos a
nivel nacional. El derecho penal internacional y su aplicación por las cortes y tribunales
internacionales desempeñan un papel de creciente importancia en la interpretación
y aplicación del derecho internacional humanitario y en la responsabilidad
penal individual por los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad y los
genocidios que a menudo se cometen durante los conflictos armados. La función
de la Corte Penal Internacional es complementaria a la de los sistemas de justicia
nacionales. Investiga o enjuicia sólo cuando el Estado en cuestión no está dispuesto
a llevar a cabo la investigación o el enjuiciamiento o no puede realmente hacerlo 30 .
La credibilidad de la Corte Penal Internacional y su capacidad de desempeñar
su función de sancionar los crímenes internacionales dependen de que se
adhiera a ella el mayor número posible de Estados. El hecho de que varios Estados
influyentes y algunos Estados que actualmente participan en conflictos armados no
hayan ratificado el Estatuto de Roma indica que en el derecho penal internacional
se aplica un sistema de doble rasero, lo que menoscaba su credibilidad en alguna
medida y tiende a confirmar que las consideraciones políticas prevalecen incluso
cuando se han cometido crímenes internacionales. Por otra parte, el mecanismo
de la justicia internacional, cuyo objetivo principal es castigar a los autores de tales
crímenes, a menudo no puede entrar en acción sino años después del final de un
conflicto, y no puede reemplazar a los medios no judiciales 31 , aunque la creación
de las cortes y tribunales internacionales ha incentivado el recurso a esa vía para
lograr el cumplimiento del derecho internacional humanitario.
26 Este principio impone a los Estados partes en los tratados de derecho humanitario la obligación de enjuiciar
y sancionar las infracciones graves. La obligación es absoluta y no puede ser atenuada, ni siquiera por
acuerdo entre las partes interesadas (v. art. 51 común, CG I; art. 52, CG II; art.131, CG III; art. 148, CG
IV). Sin embargo, en sí mismo, el principio de la jurisdicción universal sólo significa que los autores de
infracciones (graves o no) pueden ser enjuiciados y castigados por cualquier Estado.
27 Párr. 5 del art. 85, PA I.
28 V. la edición relativa a las sanciones de la International Review of the Red Cross, N.º 870, junio de 2008,
disponible en www.cicr.org/spa/revista.
29 Resoluciones del Consejo de Seguridad S/RES/827 (1993) y S/RES/955 (1994), respectivamente.
30 V. art.17 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, del 7 de julio de 1998.
31 V. Marco Sassòli, “Humanitarian law and international criminal law”, en Antonio Cassese (ed.), The
Oxford Companion to International Criminal Justice, Oxford University Press, Oxford 2009, págs. 111–
120.
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