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¿HACIA UNA CONVENCIÓN INTERNACIONAL DE DERECHOS DE LAS PERSONAS MAYORES?
se refieren, especialmente, a derechos de las personas mayores. Estas normas
disponen lo siguiente:
Art. 9º: Derecho a la Seguridad Social
1. Toda persona tiene derecho a la seguridad social que la proteja contra
las consecuencias de la vejez y de la incapacidad que la imposibilite
física o mentalmente para obtener los medios para llevar una vida digna y
decorosa. En caso de muerte del beneficiario, las prestaciones de seguridad
social serán aplicadas a sus dependientes.
El artículo 17º es aún más específico al señalar lo siguiente:
Art. 17º: Protección de los Ancianos
Toda persona tiene derecho a protección especial durante su ancianidad.
En tal cometido, los Estados partes se comprometen a adoptar de
manera progresiva las medidas necesarias a fin de llevar este derecho a la
práctica y en particular a:
i) proporcionar instalaciones adecuadas, así como alimentación y
atención médica especializada a las personas de edad avanzada
que carezcan de ella y no se encuentren en condiciones de proporcionárselas
por sí mismas;
ii) ejecutar programas laborales específicos destinados a conceder a
los ancianos la posibilidad de realizar una actividad productiva
adecuada a sus capacidades respetando su vocación o deseos;
iii) estimular la formación de organizaciones sociales destinadas a
mejorar la calidad de vida de los ancianos.
En cuanto a la vigencia de estas Convenciones y Pactos en Chile, la
Declaración Internacional de DD.HH. y los Pactos Internacionales de Derechos
Civiles y Políticos y de Derechos Económicos, Sociales y Culturales se
encuentran ratificados por el Gobierno de Chile, así como la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, más conocida como el Pacto de San
José de Costa Rica. 3
El caso del Pacto de San Salvador (Protocolo Adicional a la Convención
Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales) es diferente, pues actualmente se en‐
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Se debe considerar que para que un Pacto o Convención tenga fuerza obligatoria en el país debe,
primeramente, ser suscrito por el Jefe de Estado y luego someterse a los trámites de una ley común, por lo
que luego de su tramitación y aprobación Parlamentaria procede la sanción del Presidente de la República
y su publicación en el Diario Oficial. (Art. 32 Nº 17 Constitución Política de la República)
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