Envejecimiento y cultura en América Latina y el Caribe. - Ts.ucr.ac.cr

ENVEJECIMIENTO EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
cia, los mismos gobiernos de los países en los que estas personas viven
pueden tener opiniones dispares al respecto.
Es por ello que una Convención Internacional de Derechos para las
Personas Mayores requiere del aunamiento de una serie de voluntades, la
de los propios organismos que eventualmente la dicten la de los Estados
que la aprueben y estén dispuestos a obligarse por las disposiciones en ella
contenidas, así como una especie de voluntad general que las encuentre
necesarias y urgentes.
La intención del presente trabajo es intentar dar una respuesta a la interrogante
de si es posible, a lo menos en el corto plazo, establecer una
Convención Internacional de Derechos de las Personas Mayores, para lo
cual nos ha parecido relevante revisar el marco regulatorio desde la perspectiva
mundial y latinoamericana de las normas que actualmente se
encuentran vigentes, en el entorno de derechos humanos, relacionados con
los mayores, tanto vinculantes como no vinculantes (soft law) para, finalmente,
aventurarnos con algunas conclusiones que nos podrán dar luces
acerca de la respuesta a esta interrogante.
Marco Regulatorio
Instrumentos Vinculantes
Se trata de acuerdos que los países convienen mutuamente, a modo
de contratos, por los cuales voluntariamente se crean relaciones que obligan
a los gobiernos que los firman y la característica saliente es que todos ellos
son obligatorios para los Estados que los han ratificado. Los Tratados,
Pactos y Convenciones son instrumentos de este tipo. La doctrina internacional
ha señalado que un Estado que es parte de un instrumento
vinculante está obligado a:
i) Respetarlos, esto es, no obstruir la esfera protegida por los derechos.
ii) Protegerlos, los Estados deben realizar acciones para prevenir o
remediar la violación de los derechos, por personas o instituciones.
iii) Promoverlos y hacer efectivo el pleno goce de los derechos, creando
condiciones jurídicas, políticas, económicas, sociales y
culturales que permitan el pleno desarrollo de la persona humana.
Al respecto, la Convención de Viena, sobre el derecho de los tratados
señala en su art. 27º que “una parte no podrá invocar las disposiciones de
su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado”.
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