Libro de actas del VI Congreso Español de Criminología

VI Congreso Español de Criminología
PUBLICIDAD DEL PROCESO Y VÍCTIMAS DEL DELITO: LA
BÚSQUEDA DEL EQUILIBRIO EN EL CASO ESPAÑOL
Mª del Pilar Martín Ríos y Blanca Martín Ríos
Universidad de Sevilla
El apartado segundo del art. 24 de la Constitución Española (CE) consagra el
derecho a un proceso público con todas las garantías. En similares términos, el art. 120.1
CE proclama que las actuaciones judiciales serán públicas, con las excepciones que
prevean las leyes de procedimiento. La previsión de este derecho con rango
constitucional permite intuir cuál es la relevancia que al mismo se reconoce. Sentado lo
anterior, no debe pasarse por alto que la publicidad del proceso encierra, junto con
innegables ventajas, aspectos indeseables. Así, puede suceder que -especialmente cuando
hablamos de personas particularmente vulnerables o cuando el delito cometido afecta a
parcelas tan íntimas como la sexualidad- la difusión de datos relativos a las víctimas de
los delitos cause un padecimiento añadido a las mismas, una real y propia “segunda
victimización”. El trabajo que se presenta se consagra, en concreto, al análisis de cuáles
son las soluciones que se articulan en nuestro ordenamiento para neutralizar las
repercusiones negativas que puedan derivar del principio de publicidad, sin que ello
suponga la desvirtuación de la esencia del mismo. De esta manera, se persigue el objetivo
de poner de relieve las carencias y defectos que presenta nuestro sistema (siempre desde
la perspectiva de la víctima del delito), sirviendo ello de base para la articulación de
propuestas de lege ferenda. El estudio en cuestión parte del análisis crítico de la realidad
legislativa acerca de la materia planteada, tanto en España como en países de nuestro
entorno. Tras el análisis realizado, los resultados obtenidos nos llevan a concluir que el
régimen jurídico diseñado en España para la preservación de los derechos al honor,
intimidad y propia imagen de las víctimas de delitos adolece de ciertos defectos e
insuficiencias. Las limitaciones del sistema derivan muy especialmente de la ausencia de
explícitas y contundentes consecuencias jurídicas que -trascendiendo del ámbito de la
responsabilidad civil- se anuden, inexorablemente, al incumplimiento de las limitaciones
que se establezcan a la publicidad de los procesos. Además, la comparación de la realidad
española con ordenamientos foráneos –algunos de los cuales diseñan regímenes de
protección a las víctimas notablemente más ambiciosos que el español- contribuye a
poner de manifiesto la perfectibilidad de nuestro sistema.
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