Libro de actas del VI Congreso Español de Criminología

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VI Congreso Español de Criminología ALGUNAS CRÍTICAS A LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE MEDIACIÓN PENAL DE ADULTOS Fernando Vázquez-Portomeñe Seijas Universidad de Santiago de Compostela La implementación de los programas de mediación penal de adultos en España es objeto de crítica por parte de ciertos sectores judiciales y de la doctrina penal. Se trata de revisar algunos de los argumentos manejados al efecto. Este trabajo tiene como objetivo defender la viabilidad de dichos programas, proponiendo soluciones que permitan salvar dichas críticas. Método: Estudio de las aportaciones doctrinales publicadas y de la documentación relativa a los programas de mediación penal de adultos desarrollados en España. Resultados y conclusiones: Uno de los argumentos que pueden calificarse como recurrentes es el que hace referencia al carácter forzado de la negociación y del acuerdo, tanto para la víctima como para el autor, que tendrá que autoconvencerse de que aceptar una medida “no punitiva” siempre va a ser mejor que el que le impongan una pena por sentencia, y de que, si no llega a un acuerdo, corre el peligro de tener que afrontar un proceso penal, en condiciones mucho menos favorables. Para solventar este problema, algunos autores proponen asociar la aceptación del autor para intervenir en el procedimiento a la obtención de algún beneficio penológico, para el caso de que la mediación concluya sin acuerdo. En segundo lugar se aduce que otorgar carta de naturaleza a la mediación en el sistema penal provocaría la emergencia de una verdadera justicia de clase o de dos velocidades. En apoyo de este punto de vista suele traerse el hecho de que, en los diferentes proyectos y programas de mediación, la cuantía de la reparación del daño se establece con independencia de los medios económicos con que cuenta el autor del delito, precisamente con la finalidad de evitar que las víctimas de delitos protagonizados por individuos solventes tengan una mejor posición de partida. El establecimiento de reglas relativas al plazo en que debe pagarse la reparación podría contribuir a hacer de la mediación una alternativa relativamente igualitaria -o, al menos, no más discriminatoria que la pena de multa o la suspensión condicional de la pena- a las penas privativas de libertad y a corregir, por consiguiente, posibles desviaciones sobre ese plano. Otra línea de trabajo ha venido alertando sobre el peligro de que la mediación produzca un desplazamiento del principio de proporcionalidad de las penas, toda vez que un mismo delito podría ser tratado de una manera distinta, dependiendo de la actitud de la víctima, de la del autor o de la del mediador. Quienes se han esforzado en contestar esta clase de críticas aducen que la apuesta por la mediación, o, lo que es lo mismo, por conseguir una verdadera reconciliación entre la víctima y el autor, pasa por la introducción de ciertos cambios en la cultura jurídica actual, orientados a flexibilizar la aplicación de principios jurídicos como el de proporcionalidad; unos cambios, por lo demás -se insiste-, que serán aceptados socialmente si la evaluación de los programas y 66
VI Congreso Español de Criminología proyectos se salda con un dictamen favorable, por ejemplo, en el terreno de la reincidencia. Por último, también se trae a colación -en sentido crítico-el dato de que los partidarios de la mediación han construido su sistema de espaldas a un buen número de figuras delictivas, en concreto, de todas aquéllas en que la víctima y el autor no están perfectamente identificados, ni se conocen de antemano. También esta observación ha merecido contestación: la de que nada impide abrir la mediación a figuras como los delitos contra la Administración de Justicia o contra la Administración Pública, que no producen víctimas -en el sentido tradicional del término-, pero que perjudican intereses generales cuya representación viene legalmente encomendada a determinados colectivos sociales o profesionales (asociaciones ecologistas, sindicatos de funcionarios o de trabajadores…), a los que se podría dar entrada, por ello, en el proceso mediador. 67
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