TRABAJO Y FAMILIA

CAPÍTULO IIIA lo anterior se suma una segunda exclusión. Esta vez a causa del insuficiente cumplimientode la ley y sub-registro de trabajadores. Esto remarca la necesidad de aumentarla eficacia y disminuir los tiempos de respuesta de las instituciones que velan por elefectivo respeto de los derechos de trabajadores y trabajadoras. Por ejemplo, las inspeccioneslaborales que forman parte de los Ministerios de Trabajo y/o de la SeguridadSocial generalmente tienen escasos recursos técnicos y financieros para supervisar elcumplimiento de las normas. Además, las resoluciones judiciales requeridas para hacerefectiva la legislación laboral, por ejemplo para proteger el fuero por maternidad,suelen adoptarse cuando ha pasado demasiado tiempo. Junto con constituir unacompetencia desleal, el incumplimiento de la normativa obedece a una equivocadapercepción de los derechos sociales y laborales como costos. Sin embargo, contra esaidea, se ha documentado que las unidades productivas que cumplen con la legislaciónobtienen mayores beneficios económicos. De este modo, los países enfrentan un dobledesafío: el de mejorar las capacidades para asegurar el cumplimiento de la legislacióny también que dicho cumplimiento obtenga réditos efectivos. Una medida en estesentido es la que se ha adoptado en Costa Rica, donde las empresas que proveen alEstado deben estar al día con la seguridad social de sus trabajadores.Junto con constituir unacompetencia desleal, elincumplimiento de lanormativa obedece a unaequivocada percepciónde los derechos sociales ylaborales como costos.Insuficientes servicios de cuidadoDe acuerdo con el Convenio 156, al Estado le corresponde desarrollar o promoverservicios comunitarios, públicos o privados, de asistencia a la infancia y al grupofamiliar. Debido a los altos niveles de desigualdad que caracterizan a las sociedadesde América Latina y el Caribe, el Estado tiene en la región un papel crucial en eldesarrollo de servicios que no dependan ni del poder adquisitivo ni de la inserciónlaboral (formal o informal) de trabajadoras y trabajadores.Esto requiere destinar recursos públicos. Sin embargo, los niveles de inversiónsocial son desiguales y oscilan entre menos de US$ 100 por habitante (Ecuador,Nicaragua) hasta US$ 1.500 (Argentina), como muestra el gráfico 15.En comparación con Europa, la principal diferencia no es el porcentaje del PIBque los países de América Latina disponen para gasto social, sino su destino 4 . En4 El gasto destinado en Europa al de niños y niñas varía entre 0.5-1.2% (en Italia, España, Portugal y PaísesBajos) y 4% del PIB (en los países nórdicos). Por ejemplo, en Argentina, el gasto social total dirigido a la niñezha oscilado en la última década entre el 1.3% y el 2% del PBI. La mitad se destina a la educación básica, uncuarto a protección de la salud, y casi 15% al programa de asignaciones familiares.99