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Por otra parte, a diferencia del acto administrativo, el jurisdiccional: debe excitarseo provocarse por alguno de los actores electorales habilitados por la norma abstractapara ese fin; reviste una triangularidad entre el órgano jurisdiccional electoral y loslitigantes, a efecto de que sea resuelta la controversia planteada; además, tiende aadquirir el carácter de cosa juzgada. Lo anterior, siguiendo a Chiovenda, pone demanifiesto, por una parte, la función sustitutiva de las partes a cargo de la autoridadjurisdiccional electoral, para afirmar en el conocimiento, la existencia de lavoluntad concreta de la ley y, consecuentemente, en la sentencia declarar lavigencia o no de los actos o resoluciones electorales y sus efectos y, de considerarsenecesario, llega incluso a realizar un nuevo acto acorde con la voluntad legal,sustituyendo a la autoridad electoral impugnada; por otra parte, hace evidente sucarácter de actividad secundaria del Estado, en la medida que se trata de unaactividad que no es impuesta de manera directa e inmediata por la ley a los órganoscompetentes.4. PRINCIPIOS ORIENTADORES DE LA FUNCIÓN JURISDICCIONALEn el intento de identificar los principios orientadores de la función jurisdiccional,encontramos, del análisis de la doctrina especializada, que si bien no hayuniformidad, en general, los distintos sistemas jurídicos recogen una serie deprincipios, que se constituyen como las bases esenciales sobre las cuales ha dedesarrollarse la función jurisdiccional para ser tal y que apuntan siempre a valores oaspiraciones inherentes a la propia función.Entre los principios que los tratadistas mencionan, en este apartado podemos señalarlos siguientes:‣ Seguridad Jurídica. El tratadista Delos, citado por Adame Goddard 17 , la definecomo la garantía dada al individuo de que su persona, sus bienes y sus derechos, noserán objeto de ataques violentos o que, si éstos llegan a producirse, le seránasegurados por la sociedad, protección y reparación, dicho en otras palabras, laseguridad jurídica es la certeza que tiene el individuo de que su situación jurídica noserá modificada más que por procedimientos regulares, establecidos previamente.Cabe destacar, como se hace en la recopilación de sentencias que integran elDiccionario de Derechos y Garantías Procesales Constitucionales 18 , que el principiode seguridad jurídica implica la prohibición de la aplicación de normas derogadas