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de origen, y concluye el debate con las ideas del anterior presidente de la Corte,José María Iglesias, y con ello, con el intento de sacar a la justicia electoral delámbito exclusivo del Poder Legislativo para pasarlo al del Judicial a través delamparo.El tercer período, comenzaría en pleno porfiriato, a partir de 1881 y llega hasta1977, es un período muy amplio y abarca casi un siglo. En esta etapa, el PoderJudicial Federal sigue siendo ajeno a la resolución en forma definitiva de losconflictos electorales y no es discutida la idea de que la aplicación de la justiciaelectoral es una facultad exclusiva del Poder Legislativo.La cuarta etapa abarca de 1977 a 1996 y su nota característica es que se dandiversos intentos por “judicializar” la resolución de los conflictos electorales. Elprimero de estos intentos ocurre en 1977, al conferirse a la Corte competencia paraconocer de un recurso de reclamación, para impugnar la calificación de laselecciones de diputados que realizaba el respectivo colegio electoral. Este intento nofue exitoso, entre otras razones, porque la resolución de la Corte no era obligatoriapara la Cámara de Diputados, pues sólo tenía efectos declarativos. Otros intentos sedan en 1987 y 1990 cuando se involucra en la resolución de controversiaselectorales, a órganos jurisdiccionales ajenos al Poder Judicial Federal. En 1987 alTribunal de lo Contencioso Electoral y en 1990 al Tribunal Federal Electoral, sinembargo, seguía el Poder Legislativo teniendo injerencia en la resolución de losconflictos electorales, además de que estos tribunales electorales eran sólo delegalidad.Con las reformas constitucionales y legales de agosto y noviembre de 1996, seinicia la quinta y última etapa en el desarrollo de la justicia electoral,introduciéndose grandes cambios, pues se abandona por completo la larga tradiciónde la calificación política de las elecciones, en virtud de que no corresponde ya alLegislativo, la calificación de la elección presidencial y, por otra parte, se abandonatambién, la tendencia de los últimos diez años, hacia un Tribunal Electoralindependiente del Poder Judicial de la Federación.Con la reforma, se estableció un sistema integral de justicia electoral que garantizaahora: el control constitucional de las leyes electorales, función a cargo de laSuprema Corte de Justicia de la Nación, a la que se confirió competencia para