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vez, se constituyen de manera mediata como garantías de los justiciables. Entre lasgarantías judiciales se hace referencia a las de designación, estabilidad,remuneración y responsabilidad.En esta categoría, Pallares 50 señala tres grupos:‣ Garantía de independencia de los tribunales, tanto del Poder Ejecutivo como delLegislativo, ésta se pretende lograr con la inamovilidad judicial y la elección delos jueces sin que en ella intervengan los otros dos poderes;‣ Coactividad. Es la garantía de la autoridad que consiste en que los tribunalesgocen de potestad necesaria para hacer cumplir sus determinaciones, lo cual seconsigue, en ocasiones, con el auxilio de la administración, quien suministra aljuzgador el auxilio de la fuerza pública en caso necesario; y‣ Garantía de responsabilidad. Afirma el tratadista invocado, consisteprincipalmente en dos cosas: que los jueces y magistrados sean responsablescivil y penalmente de los delitos y faltas oficiales que cometan y que el Estadosea solidariamente responsable del pago de las indemnizaciones que aquéllosdeban pagar.En torno a la garantía de independencia de los juzgadores, Dorantes Tamayo 51destaca que el juez, en forma general, debe actuar de manera independiente, esdecir, no debe estar expuesto a las presiones internas de las partes ni a las externasde otros poderes del Estado, principalmente del Ejecutivo; sin embargo, ello noquiere decir que no esté sometido a la ley, ni que no deba estar supeditado atribunales de mayor jerarquía, desde el punto de vista administrativo y disciplinario,y agrega, haciendo referencia a la opinión de Alcalá-Zamora, que la independenciafuncional del juez, depende de su moralidad y carácter, del ambiente de libertad yrespeto en que el mismo se mueve, de ciertas garantías económicas que se le debenotorgar (un sueldo decoroso; posibilidades de ascenso con base en su preparación,experiencia, honestidad y disposición al trabajo; y la jubilación) y de la mayor omenor estabilidad en su empleo (inamovilidad).Respecto a este principio, Chiovenda apunta: “Hay una incompatibilidadpsicológica entre el oficio de legislar y el de actuar la ley. Hay una incompatibilidadaún mayor entre el oficio del administrador y el oficio jurisdiccional, porque eladministrador puede estar dominado por la consideración del interés del Estado. De