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El principio de economía procesal va unido de alguna manera con la mismanecesidad que el de unidad. El principio implica como se dijo antes que losprocesos judiciales fueron diseñados únicamente para que cumplan el fin de resolverlos conflictos de intereses electorales, así pues, entre más ágiles, entre más brevessean, mejor se cumplirá su temporalidad. Los procesos nunca fueron concebidoscomo una sucesión compleja de actos que se realicen de manera indefinida, sino porel contrario de la forma más expedita posible.Por virtud de la renuncia ciudadana a la autotutela, es que el Estado se ha echado acuestas el servicio público de justicia, previsto por el artículo 17 constitucional,tema que desarrolla con especial inteligencia José Ovalle Favela 26 , y como ya sedecía en alguna otra parte, es deber del Estado remover obstáculos que impidan odificulten el acceso efectivo a este servicio público. Los principios mencionados enel párrafo anterior cumplen precisamente este cometido y el hecho de que dentro delsistema de medios de impugnación, como ya se mencionó, existen categorías encada uno desde el punto de vista de las ramas del Derecho Procesal, sea publicista osea procesal constitucional en que se ubiquen, responde a la necesidad procesal dedistinguir su naturaleza de acuerdo al tipo de derechos que protegen. En alguno delos casos, la prioridad es que estén al alcance de cualquier ciudadano, como eljuicio para la protección de los derechos político electorales de los ciudadanos, en elsupuesto de reclamar el derecho al voto por falta de credencial, este sería un típicocaso de Derecho Procesal Social o compensatorio, en él, el principio de igualdadprocesal en mi criterio no debe operar, ya que el Instituto Federal Electoral (IFE) yel Tribunal Electoral tienen la obligación de garantizar el derecho de sufragio, loque explica el sin número de criterios de tipo compensatorio que se han emitido,todos en favor del ciudadano.En el extremo opuesto la revisión constitucional, ubicada en el Derecho ProcesalConstitucional teniendo como objeto garantizar la constitucionalidad de los procesoselectorales locales, es un remedio extraordinario en respeto de la autonomía de losestados, lo que explica la severidad de sus presupuestos. En lo relativo al dobleprincipio de legalidad que impera en materia electoral, Fernando Franco 27 y FlavioGalván 28 señalan que el principio de legalidad a que se refiere el artículo 16constitucional donde se reitera en el texto del artículo 41 de la Constitución Federalen su base IV, describe la constitucionalidad y legalidad, precisando como bienes