Audiencias y pantallas en América - Revista Comunicar

108Comunicar, 30, XV, 2008el pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguasde España». Tal reserva de ley se proyecta en la Ley4/1980 o del Estatuto de la Radio y la Televisión, que,en cuanto a los grupos sociales, viene a ser tan sólo unextendido reflejo del mandato constitucional. Así, ensu artículo 24, dice: «La disposición de espacios enRCE, RNE y TVE se concretará de modo que accedana estos medios de comunicación los grupos socialespolíticos más significativos. A tal fin, el Consejo deAdministración, de acuerdo con el director general, enel ejercicio de sus respectivas competencias, tendránen cuenta criterios objetivos, tales como representaciónparlamentaria, implantación sindical, ámbito territorialde actuación y otros similares». Es decir, se da alConsejo de Administración el papel de controlar larealización del derecho de acceso de los grupos socialesa los medios de comunicación públicos. Paso quepuede considerarse importante; pero, a la vez, insuficientepara la tutela efectiva de tal derecho, situaciónque ha llevado recientemente al grupo parlamentariode Izquierda Unida a presentar una proposición al respecto.De momento, sólo algunas confesiones, y medianteacuerdos institucionales (católicos, evangélicos, judíosy musulmanes), han disfrutado de espacios gratuitosen la radio o la televisión públicas nacionales, en cuantoconsiderados grupos religiosos más significativos porla Comisión Asesora de Libertad Religiosa, según dictamende 10 de febrero de 1984. Por otro lado, comorecoge González (2003), en las televisiones y radiospúblicas autonómicas también existen espacios cedidosa algunos grupos religiosos, que parecen concretarde una manera un tanto desordenada el derecho deacceso.A pocos escapa la relevancia del asunto, ya que elartículo 20.3 es expresión constitucional específica delpluralismo político, según los profesores de DerechoConstitucional Alonso y Alonso (2006: 160), yendomás allá de la referencia a los partidos políticos, en elartículo 6. Pluralismo político que, además de estar reconocidocomo valor superior de nuestro ordenamientojurídico, comprende, según palabras de Peces-Barba(1984), el mismo concepto de libertad.Visto desde el pluralismo político, el derecho deacceso de los grupos sociales a los medios de comunicaciónes una base fundamental, especialmente en unordenamiento político-electoral, como el nuestro, cuyaexperiencia ha llevado a fijar dos grandes partidos políticosnacionales y cierto privilegio a los partidos nacionalistas.Es una de las pocas vías de apertura en un sistemapolítico que tiende al cierre y la automática retroalimentaciónen bucle: los que están, seguirán estando,con escasa renovación y, por lo tanto, cercenandorelativamente el propio pluralismo político.Desde la participación política de la sociedad y,por lo tanto, del ejercicio de la democracia, en cuantocanal de los ciudadanos a la gestión, directa o indirecta,del poder, el derecho de acceso a los medios decomunicación es clave. Frente al carácter periódico enplazos plurianuales de los procesos electorales, el significadode acontecimiento extraordinario de la participaciónpolítica directa mediante referéndum o de lainiciativa legislativa popular y el rasgo meramente expresivodel derecho de manifestación, el acceso a losmedios de comunicación con cierto relieve público delos grupos sociales supone una fuente de activación,normal y cotidiana, de esos grupos que, recordando aTocqueville (2006), suponen el tejido social de la democracia.Si la concreción del derecho de acceso se deja alas decisiones de los gerentes de los medios de comunicación,ya sean éstos públicos o privados, no harásino reforzarse esa tendencia a la integración de elitespolíticas y comunicativas, por proximidad o afinidadideológica o de intereses, que viene definiendo lo queManin (2006) denomina la «democracia de audiencias».Es decir, un sistema democrático frágil, en términosde Mancini (2002), bajo poderosos, pero inestables,matrimonios de conveniencia, como los denominanBlumler, Kavanach y Nossiter (1996).1. SeguimientoMás allá de la polémica doctrinal, en el ámbito delas disciplinas jurídicas, sobre si los derechos recogidosen la Constitución, especialmente los insertos –comoel que aquí sirve de referencia– en la sección 1ª delcapítulo II, pueden ser objeto de reclamación directapor los ciudadanos, nos encontramos ante un derechofundamental formalmente reconocido; pero sin desarrollopleno para poder hacerlo efectivo. Por tanto, esun derecho sin garantías. ¿Qué valor jurídico tiene underecho sin garantías? Como dice el profesor Torresdel Moral (1998), un derecho vale jurídicamente loque valen sus garantías. La eficacia real de un derechodepende, según García Morillo (1994), de los mecanismosjurídicos para garantizarlo.Sin garantías jurídicas efectivas en la actualidad delderecho de acceso, hemos de conformarnos con el seguimientode la presencia de los grupos sociales en losmedios de comunicación de titularidad pública, queson los que tienen el directo mandato constitucional.Una presencia que, al menos, tiene tres vías de definiciónen el medio televisivo, que es el que va a centrarnuestra atención, aun cuando buena parte de lo© ISSN: 1134-3478 • Páginas 107-112