Audiencias y pantallas en América - Revista Comunicar

123entenderán sin perjuicio de la facultad de los Estadosmiembros de financiar el servicio público de radiodifusiónen la medida en que la financiación se concedaa los organismos de radiodifusión para llevar a cabo lafunción de servicio público tal como haya sido atribuida,definida y organizada por cada Estado miembro, yen la medida en que dicha financiación no afecte a lascondiciones del comercio y de la competencia en laComunidad en un grado que sea contrario al interéscomún, debiendo tenerse en cuenta la realización dela función de dicho servicio público» (Unión Europea,1997).Por tanto, queda meridianamente clara la utilidadde los organismos reguladores independientes y losbeneficios que éstos pueden reportar. Algunos derechosreconocidos en la Constitución, como el derechoal honor, a la intimidad, a la propia imagen o la protecciónde la juventud y de la infancia, colisionan enocasiones con la libertad de expresión, consagrada enel artículo 20 de la Carta Magna. En España, la jurisprudenciadel Tribunal Constitucional ha tendido históricamentea implantar una interpretación amplia ypermisiva del derecho a la libertad de expresión. Sinembargo, esto no significa que el ejercicio de dichoderecho sea ilimitado. Una libertad acaba donde empiezaotra y, por eso, el derecho a la libertad de expresióndebe respetar determinados derechos individuales,así como garantizar la protección de colectivosobjeto de salvaguardia, como la infancia o la juventud.El Consell de l’Audiovisual de Catalunya tiene la potestadde retirar cualquier contenido que atente contracualquiera de estos derechos o que viole la protecciónde la infancia o de la juventud. Precisamente, esta potestades el centro de las críticas de los opositores a laexistencia de organismos de regulación audiovisual.© ISSN: 1134-3478 • Páginas 119-1243. Argumentos en contra de la regulación audiovisualEl artículo 20.4 de la Constitución especifica: «Estaslibertades (derecho de expresión) tienen su límiteen el respeto a los derechos reconocidos en este título,en los preceptos de las leyes que lo desarrollen y,especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad,a la propia imagen y a la protección de la juventud yde la infancia». A pesar de esta apreciación, algunaspersonalidades y colectivos siguen anatematizando laexistencia de consejos audiovisuales y claman contra elatentado que supone, según ellos, este tipo de regulaciónaudiovisual. Del argumento que dio EsperanzaAguirre para justificar la supresión del Consejo Audiovisualde Madrid –«La presidenta consideraba antidemocráticoque un órgano político tuviera capacidadpara decidir sobre la veracidad y objetividad de lasinformaciones» (Gómez, 2006)– se desprende un tinteclaramente neoliberal. La pretensión de este colectivodesregulador es lograr reducir al mínimo el papel de laAdministración en los asuntos de la «res pública».Sin embargo, no sólo representantes de gruposconservadores han alzado la voz contra la regulaciónaudiovisual. A pesar de que el presidente de la Federaciónde Asociaciones de la Prensa de España (FAPE)y la Asociación de la Prensa de Madrid (APM), FernandoGonzález Urbaneja, es favorable a la existenciade un Consejo Audiovisual a nivel estatal, no se muestratan entusiasta cuando se refiere a la ampliación decompetencias que la ley del audiovisual catalana (Generalitatde Cataluña, 2005) dispuso para el CAC. SegúnUrbaneja, el control de aspectos relacionados conel artículo 20 de la Constitución y relacionados con lalibertad de expresión y sus límites resulta «inquietante»(El Mundo, 29-03-06).Por lo tanto, el principal argumento que sostienentodos aquéllos que se oponen frontalmente a la regulaciónaudiovisual es la salvaguarda de la libertad deexpresión. Estos colectivos defienden que, en el casode que se produzca alguna actuación punible en elejercicio de la libertad de expresión por parte de algúnmedio, debe ser el Tribunal Constitucional quien resuelvaacerca del posible litigio.4. A modo de conclusiónLa situación europea de la regulación audiovisualno deja lugar a ninguna duda: España constituye unaanomalía en el seno de la UE en cuanto a la existenciade organismos de regulación audiovisual. DesdeGrecia hasta Italia, todos los países del entorno comunitarioposeen consejos audiovisuales independientes.Los argumentos a favor de la regulación son tantosy tan sólidos y los argumentos en contra son tan pocosy tan débiles que la negativa constante y sistemáticasólo puede ser entendida como un desafío al sistemademocrático por parte de colectivos que pretenderanteponer sus intereses al bien general.Todos los derechos, incluso el más sagrado, tienenunos límites. El de expresión no constituye una excepción.Las descalificaciones personales o los atentadoscontra la imagen no pueden caer nunca en la impunidad.Por eso, es importante que exista un organismo,como el CAC o el Consejo del Audiovisual de Andalucía,que salvaguarde los derechos individuales.Durante la próxima legislatura podría aprobarsefinalmente la Ley del Audiovisual, que solucionaría, deuna vez por todas, la endémica carencia en el terrenoaudiovisual español.Comunicar, 30, XV, 2008