Audiencias y pantallas en América - Revista Comunicar

122Comunicar, 30, XV, 2008principales argumentos que justifica la regulación audiovisual.La garantía de la libertad de comunicaciónconstituye el exponente máximo de la penetración deestas autoridades en la garantía de derechos. La libertadde comunicación, reconocida en la Constitución,se plasma en dos derechos: el derecho a expresar ydifundir libremente pensamientos, ideas y opinionespor cualquier medio (artículo 20.1a) y el derecho acomunicar o recibir libremente información veraz através de cualquier medio de comunicación (20.1d).«Ambas libertades están muy vinculadas al pluralismo,que es un valor fundamental del sistema democrático,no sólo por lo que tiene de expresión de la diversidadde opiniones e ideas de los individuos, sino tambiénSi este pluralismo no se consigue espontáneamente, lospoderes públicos están habilitados para actuar. Esta intervenciónno debe ser vista como una injerencia en las libertadesde expresión y de información, sino como una actuaciónque tienda a garantizar las condiciones imprescindibles paraque pueda surgir el pluralismo.por lo que representa de conformación de la sociedady de participación de los ciudadanos en los asuntospúblicos», se afirma en el libro «El Consell de l’Audiovisualde Catalunya» (Milian, 2004: 26). Si estepluralismo no se consigue espontáneamente, los poderespúblicos están habilitados para actuar. Esta intervenciónno debe ser vista como una injerencia en laslibertades de expresión y de información, sino comouna actuación que tienda a garantizar las condicionesimprescindibles para que pueda surgir el pluralismo.No es suficiente que el mercado de las ideas y dela información esté y sea abierto, sino que este mercadocreado para el pluralismo activo tiene que llegar atodos los consumidores, es decir, a todos los sujetos llamadosa participar en el proceso democrático. Sinembargo, el reconocimiento del derecho a recibir informaciónha oscilado entre dos grandes concepciones.Desde el punto de vista del mercado libre deideas, el centro de atención es el emisor y se considerasuperflua la protección jurídica del receptor. Encambio, la institución de la opinión pública libre tieneotro planteamiento, ya que concibe a los receptores delos mensajes como sujetos relevantes que participan enla vida política de la comunidad. Por lo tanto, el Estadodebe proteger el interés colectivo en la información.La relación entre los medios de comunicación y el públicoreceptor es la que merece una protección constitucionalmás intensa por parte de la administración.La libertad de información en el ámbito de losmedios de comunicación presenta unas característicasespeciales en el mundo audiovisual, como consecuenciade la fuerte presencia de los medios de titularidadestatal y, complementariamente, de medios de titularidadprivada en régimen de gestión indirecta de un serviciopúblico. Es necesario preservar el respeto al pluralismoinformativo, base de una opinión pública libre,que, de hecho, es una exigencia constitucional, comoseñala el artículo 20 de laConstitución Española. Poreso, la creación de organismosde regulación audiovisual independientesque eviten la derivapartidista de un medio es unacondición «sine qua non» paragarantizar la buena salud de unsistema democrático.Si éste es un argumento suficientementepoderoso parajustificar la existencia de consejosaudiovisuales, no lo es menosel hecho de que la ComisiónEuropea propusiera directivaspara la creación de organismos reguladores nacionalesen el sector audiovisual y que precisara queesos no debían depender del gobierno ni de los operadoresy que podían contribuir al desarrollo y a laaplicación de medidas de autorregulación (ComisiónEuropea, 14 de diciembre de 1999). El Consejo deEuropa también aprobó una Recomendación relativaa la independencia y funciones de las autoridades reguladorasdel sector de la radiodifusión. Su objetivoera conseguir una unidad más grande entre los estadosrespecto a la consecución de la salvaguarda y realizaciónde los ideales y principios comunes y, en concreto,en los que contiene el artículo 10 del Convenio Europeopara la Protección de los Derechos Humanos.Por último, cabe recordar que el Tratado de Ámsterdamde 1997 impulsó el servicio público como elementoesencial que todos los estados deben articular:«El sistema de radiodifusión pública de los Estadosmiembros está directamente relacionado con las necesidadesdemocráticas, sociales y culturales de cadasociedad y con la necesidad de preservar el pluralismode los medios de comunicación. […] Las disposicionesdel Tratado constitutivo de la Comunidad Europea se© ISSN: 1134-3478 • Páginas 119-124