vulneración

ción de medidas eficaces para impedir la degradación del medio ambiente;
las autoridades se limitan a iniciar los procesos sancionatorios que demanda
un tiempo considerable para garantizar el debido proceso; no obstante,
no aplican medidas como la suspensión inmediata de la actividad que está
generando impactos al medio ambiente.
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Una actividad que como ya se ha dicho genera tantos impactos al medio
ambiente, debe realizarse bajo un estricto control por parte de las autoridades
competentes, de lo contrario causa los mismos efectos de la minería
ilegal, como son la afectación a cuerpos de agua por vertimientos, desecación
y sedimentación, al suelo por la deforestación y remoción en masa, a la
atmósfera, al paisaje, entre otros, y, en consecuencia, vulnera los derechos
a la salud y a la vida, al goce de un ambiente sano, el equilibrio ecológico, la
seguridad y salubridad públicas, la seguridad y atención de desastres previsibles
técnicamente, la seguridad alimentaria y el derecho humano al agua;
al tiempo que se incumplen los fines esenciales del Estado de mejoramiento
de la calidad de vida y el bienestar general de la población.
De otra parte, también se observa la vulneración al derecho fundamental
a la consulta previa, por cuanto el Estado adjudica títulos mineros en
territorios étnicos desconociendo los derechos de los grupos protegidos
sobre sus territorios; esto se predica no de la normatividad actual, sino
del desarrollo jurisprudencial que ha exigido este mecanismo en las etapas
del proceso de concesión, exploración y explotación; razón por la cual la
Defensoría del Pueblo coadyuvó la demanda de nulidad de las resoluciones
que establecieron las Áreas Estratégicas Mineras.