vulneración

que conforme a las leyes vigentes tuvieran capacidad legal para adquirir el
dominio de las cosas.
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En 1887, la Ley 57 (Código Civil) estableció los modos de adquirir la propiedad
de las minas tales como: la ocupación, la accesión, la tradición, la sucesión
y la prescripción. Asimismo, instauró que todo individuo tenía derecho
a buscar, descubrir y explorar una mina del Estado, excepto en los patios,
jardines, huertas y solares, pues estaban dispuestos para la explotación realizada
solo por sus dueños y en los terrenos cercados y cultivados no se
podía realizar minería sin aviso previo al dueño del terreno.
Más adelante, con la entrada en vigencia de la Ley 20 de 1969, “por la cual
se dictan algunas disposiciones sobre minas e hidrocarburos”, se dispuso
que (…) Todas las minas pertenecen a la Nación (…), así las cosas, esta norma
nacionalizó el subsuelo en todo el territorio nacional y abolió la adjudicación,
vigente en la legislación anterior; por otro lado, declaró de utilidad
pública y de interés social la industria minera en sus ramas de exploración,
explotación, beneficio, transporte y procesamiento.
Posteriormente, el Decreto 1275 de 1970 217 , reglamentario de la Ley 20 de
1969, estableció (…) “todas las minas pertenecen a la Nación, cualquiera que
sea su clase, naturaleza o localización, o el título, modo y época de adquisición
de los terrenos en donde estén ubicadas, ya se encuentren en el suelo o en el
subsuelo, o en predios de entidades de derecho público o de particulares colombianos
o extranjeros”(…).
La Ley 2655 de 1988 consolidó todo lo promulgado hasta la fecha, planteando
principalmente que de acuerdo con la Constitución Política de
1886 y con el Estatuto Minero de 1970 (…) “todos los recursos naturales no
renovables del suelo y del subsuelo pertenecen a la Nación en forma inalienable
e imprescriptible. En ejercicio de esa propiedad, podrá explorarlos y explotarlos
directamente, a través de organismos descentralizados, o conferir a los particulares
el derecho a hacerlo, o reservarlos temporalmente por razones de interés
público […] También pertenecen a la Nación, en forma inalienable e imprescriptible
y con iguales atribuciones a las señaladas [antes] […] las canteras y los
demás depósitos de materiales de construcción de origen mineral, así como los
217 Estatuto Minero.