vulneración

Así las cosas, el numeral 2 del artículo 15 de la Ley 21 de 1991 establece:
“En caso de que pertenezca al Estado la propiedad de los minerales o de los
recursos del subsuelo, o tenga derechos sobre otros recursos existentes en las
tierras, los gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos con miras
a consultar a los pueblos interesados, a fin de determinar si los intereses de esos
pueblos serían perjudicados, y en qué medida, antes de emprender o autorizar
cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes en
sus tierras. Los pueblos interesados deberán participar siempre que sea posible
en los beneficios que reporten tales actividades, y percibir una indemnización
equitativa por cualquier daño que puedan sufrir como resultado de esas actividades”.
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Igualmente, la Corte Constitucional ha entendido el derecho de participación
de la comunidad indígena como fundamental, el cual está destinado
a asegurar los derechos de los pueblos indígenas a su territorio y a la protección
de sus valores culturales, sociales y económicos, como medio para
asegurar su subsistencia como grupos humanos.
En desarrollo de los anteriores preceptos superiores, la Ley 99 de 1993,
cuyo objeto es la organización del sector público encargado de la gestión
y conservación del medio ambiente y de los recursos naturales renovables,
en su artículo 76 reconoció que, “[l]a explotación de los recursos naturales
deberá hacerse sin desmedro de la integridad cultural, social y económica
de las comunidades indígenas y de las negras tradicionales de acuerdo con
la Ley 70 de 1993 y el artículo 330 de la Constitución Nacional y las decisiones
sobre la materia se tomarán, previa consulta a los representantes de
tales comunidades”.
Estos preceptos fueron desarrollados por el Decreto 1320 de 15 de julio
de 1998, el cual reglamenta la consulta previa con las comunidades indígenas
y negras para la explotación de los recursos naturales dentro de su
territorio ancestral, extendiendo la obligación de realizar consulta previa,
no solo a las zonas de resguardo o reservas indígenas o en zonas de propiedad
colectiva adjudicadas a comunidades negras, sino a zonas no tituladas,
habitadas de forma regular por esas comunidades.
Por otro lado, la Corte Constitucional se ha pronunciado sobre la importancia
que tiene para el Estado consultar a las comunidades indígenas cuando