vulneración

trativa, sujeta a posterior acción contenciosa-administrativa, incluso respecto
del precio.
205
(…)
Por lo anterior, se establece que esta nueva norma comprendió el principio
de la prevalencia del interés general sobre el particular, así como la nacionalización
del subsuelo y la propiedad estatal de todos los recursos mineros.
Esta Constitución tiene dentro del ordenamiento colombiano una triple dimensión:
de un lado, la protección al medio ambiente es un principio que irradia
todo el orden jurídico, puesto que es obligación del Estado proteger las riquezas
naturales de la nación. De otro lado, aparece como el derecho de todas las
personas a gozar de un ambiente sano, derecho constitucional que es exigible
por diversas vías judiciales. Y, finalmente, de la constitución ecológica derivan
un conjunto de obligaciones impuestas a las autoridades y a los particulares 221 .
En cuanto a minería, esta nueva Constitución, en su artículo 80, dejó claro
que:
“El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales,
para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración
o sustitución.
Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental,
imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados.
…”.
A su vez el artículo 332 establece que:
“El Estado es propietario del subsuelo y de los recursos naturales no renovables,
sin perjuicio de los derechos adquiridos y perfeccionados con arreglo
a las leyes preexistentes”.
Más adelante, con la Ley 99 de 1993, se crea el Ministerio de Ambiente, y
la exigencia de la licencia ambiental, documento contentivo del estudio de
la viabilidad ambiental de los proyectos mineros.
221 Sentencia T-760 de 2007, M. P. Clara Inés Vargas Hernández.