vulneración

a mayo de 2015, hay cerca de 3 mil complejos de extracción que aún están
en proceso de formalización y que por lo anterior constituye un escenario
de riesgo ante posibles accidentes, y contaminación de suelo, aire y fuentes
hídricas. La Defensoría espera que con el ejercicio de esta acción se habilite
a la Fiscalía y a autoridades locales para ejercer acciones contra la minería
ilegal, de tal manera que contribuya definitivamente a detener este fenómeno
que ha causado lamentables tragedias ambientales y humanas en el
país.
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ACCIÓN DE TUTELA POR AFECTACIONES DEL MERCURIO EN
LA SALUD
La Defensoría del Pueblo, basada en un estudio elaborado por la Universidad
de Cartagena en asocio con la Unidad Nacional de Parques Naturales, radicó
la acción de tutela No. 13916, el 11 de agosto del presente año, ante el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, en representación de las comunidades
indígenas de la Asociación PANI, buscando de esta manera asegurar los derechos
a la salud, agua, integridad y subsistencia de las comunidades indígenas,
de la selva amazónica y los derechos fundamentales a la salud, alimentación
equilibrada y el principio de interés superior de los menores indígenas y al
goce de un ambiente sano, contra el Ministerio de Minas y Energía, Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la Corporación para el Desarrollo
Sostenible del Sur de la Amazonia (Corpoamazonia).
El mencionado mecanismo judicial fue elevado en razón de la grave afectación
en materia ambiental y de salud, generada por la actividad minera
descontrolada y depredadora en el departamento del Amazonas, más específicamente
en las riberas inundables del río Caquetá dentro del Parque
Nacional Natural Cahuinarí, por lo cual, la Defensoría del Pueblo, teniendo
en cuenta la evidencia científica del estudio y que las comunidades indígenas
asentadas en la zona han manifestado que debido a la actividad extractiva
desarrollada se ha visto afectada su salud, sus tradiciones y sus valores
culturales ancestrales, solicitó al juez de tutela que se adopten, dentro de
plazos razonables, diferentes medidas reparatorias, orientadas a la dignificación
y a la restauración plena del goce efectivo de los derechos invocados
y aquellas tendientes a prevenir que situaciones semejantes puedan
volver a presentarse.