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6. RESEÑA LEGAL
6.1 RESEÑA HISTÓRICA DE LOS INSTRUMENTOS MINERO-LEGALES
La expansión del sector minero en Colombia es una realidad. Desde hace
aproximadamente 200 años, nuestro país ha venido hablando de este proceso
extractivista, fortaleciendo su legislación.
Desde 1783, en las Ordenanzas de la Minería de la Nueva España se dejaba
claro que la exploración y explotación con desconocimiento del régimen de
concesiones y regalías, es decir, sin autorización o sin realizar el pago de
la regalía, era considerada una actividad ilegal. Más adelante, con la Constitución
de Cúcuta de 1821, se declaró que las minas eran propiedad del
nuevo Estado independiente. Posteriormente, en 1823, el Gobierno fue
autorizado para entregar en arriendo todas las minas.
El 24 de octubre de 1829 se profirió la primera Ley Minera de la República,
mediante la cual se reafirma la propiedad de la República sobre todas las
minas del territorio, las cuales se pueden conceder “en propiedad y posesión
a los ciudadanos que las pidan”; asimismo, determinó que ninguna
mina se declararía desierta o abandonada antes de un año de no ser trabajada
213 . Luego de promulgada esta norma, hubo reformas como la ley del
10 de mayo de 1833 sobre la jurisdicción especial que trata el artículo 23
del Decreto de Quito de 1829, la ley del 16 de mayo de 1836 que cede a
las provincias el impuesto por los títulos de minas en su jurisdicción, la ley
del 21 de junio de 1842 que abolió los jueces especiales de parroquias o
asientos de minas y la facultad otorgada a los gobernadores en el artículo
36 del decreto de marras, y la ley del 1° de junio de 1844, la cual estableció
213 Ibíd.