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La Minería Sin Control. Un Enfoque
Desde La Vulneración De Los Derechos Humanos
Finalmente, con el Decreto Único Reglamentario Ambiental –Decreto
1076 de 2015– se mantiene el trámite de licencia ambiental para la fase
de explotación minera, también se puntualiza la cesión total o parcial de la
misma. Por otro lado, mantiene la fase de desmantelamiento y abandono
en proyectos mineros, en la cual el titular deberá presentar a la autoridad
ambiental competente, por lo menos con tres meses de anticipación, un
estudio que contenga las medidas de manejo ambiental posterior que dará
al proyecto extractivo.
6.4. CONSULTA PREVIA Y MINERÍA
En el ordenamiento jurídico colombiano existen mecanismos de participación
ciudadana, que buscan ampliar los espacios de participación social en
la defensa y protección de los derechos de las comunidades, que se concreta
para el tema que nos ocupa, en la intervención de estos pueblos en la
definición de proyectos de desarrollo en sus territorios.
La consulta previa es el mecanismo de participación que establece como
obligación consultar a las comunidades étnicas cuando se van a realizar
proyectos de explotación de recursos naturales en su territorio. Esta se
encuentra consagrada en el parágrafo del artículo 330 de la Constitución
Nacional, a saber:
“La explotación de los recursos naturales en los territorios indígenas se hará
sin desmedro de la integridad cultural, social y económica de las comunidades
indígenas. En las decisiones que se adopten respecto de dicha explotación, el
Gobierno propiciará la participación de los representantes de las respectivas
comunidades.
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La Consulta previa ha sido considerada por la jurisprudencia de la Corte Constitucional
como un derecho fundamental de las comunidades étnicas. El mismo
se encuentra consagrado en el Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales
en países independientes, incorporado en el ordenamiento jurídico colombiano
a través de la Ley 21 de 1991. Por tratarse de un Convenio internacional ratificado
por Colombia que reconoce derechos humanos, al tenor del artículo 93 de
la Constitución, los derechos en él contenidos adquieren rango constitucional y
prevalecen en el ordenamiento interno”.