vulneración

ficar el volumen de producción de oro y cobrar la respectiva extorsión tanto
por el metal como por el uso de maquinaria empleada en la actividad.
31
Foto: Defensoría del Pueblo.
En la zona existe un número grande de personas dedicadas a la actividad
minera de forma tradicional y ancestral, que hoy está siendo estigmatizada
por un término que consideran discriminatorio por parte del Gobierno nacional.
Al acuñar la expresión “criminal” a la actividad minera, los clasifica de
forma inmediata al mismo nivel de un delincuente; estos mineros sienten
que no se les puede catalogar de criminales cuando ha sido el Estado quien
durante años no ha dedicado ni el tiempo ni los recursos suficientes para
regular la actividad minera a pequeña escala y de forma tradicional.
Pero lo cierto es que estas personas están incursas en el delito de explotación
ilícita de yacimiento minero y otros materiales, y, por consiguiente,
en otros tipos y conductas punibles tipificadas, como el ilícito aprovechamiento
de los recursos naturales renovables, la contaminación ambiental y
daños en los recursos naturales.
De otra parte, han tratado de legalizar su actividad, pero los requisitos exigidos
no se adecuan a la realidad de la región, convirtiéndose en barreras
imposibles de cumplir.
Una de las soluciones que proponen los mineros es que les otorguen los
títulos mineros en las áreas que han venido trabajando durante años; sin
embargo, de conformidad con la legislación vigente, eso no es posible, toda
vez que sobre las áreas que están explotando ya existen concesiones mine-