vulneración

Desde el año 1550, en la época colonial, cuando los españoles descubrieron
que las comunidades indígenas asentadas en el territorio del Bajo Cauca
antioqueño poseían una gran riqueza del metal, la cual solo explotaban
por temas religiosos, dejando a un lado cualquier iniciativa comercial, por
considerar el oro parte de sus creencias culturales, empezó lo que se puede
denominar como la fiebre del oro en los municipios de este territorio y sus
alrededores.
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Son incontables los documentales, informes, publicaciones, denuncias y
archivos que reposan en las entidades del Estado, universidades y medios
de comunicación, donde se evidencia la problemática del oro en el departamento
antioqueño. En el año 2010 la Defensoría del Pueblo publicó el
libro “La minería de hecho en Colombia”, compendio que hace referencia a
la contextualización de la minería de hecho del país, referenciado por departamentos
y municipios, al igual que hace mención a las problemáticas,
falencias y violaciones a los Derechos Humanos derivados de la actividad
minera, la cual representa el 51% de la producción de oro del departamento,
focalizado en el Bajo Cauca antioqueño 16 .
La Defensoría del Pueblo en la visita estableció un diálogo directo con los
mineros de la zona, quienes denunciaron que los grupos al margen de la ley
los extorsionan con pagos que oscilan entre un millón y siete millones de
pesos mensuales por cada retroexcavadora que se encuentre trabajando en
el área. De igual forma, la poca presencia que hacen las autoridades de policía
y fuerzas militares, presuntamente, obedece a una “cuota” que les permita
trabajar sin la presión de las respectivas entidades gubernamentales.
La visita practicada a la región evidenció los grandes impactos ambientales
que genera la actividad minera sin un debido control por parte de las autoridades
competentes. En el trayecto entre los municipios de Caucasia y
El Bagre se pudo observar los estragos que ha dejado la actividad que no
tiene dolientes, ya que todos argumentan ser mineros, pero a pocos parece
importarles lo que implica realizar la extracción del metal, mitigando los
impactos ambientales, incluyendo a las mismas autoridades locales y departamentales,
quienes omiten sus funciones y atribuyen la problemática a
16 De acuerdo con la información de la Unidad de Planeación Minero Energética.