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Hasta la fecha no se han reanudado las audiencias. Luego de cinco años de
iniciarse el proceso, las víctimas no han podido acceder a la verdad, la justicia y
la reparación contraviniendo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
la cual con ocasión de la extradición a los Estados Unidos de los exjefes paramilitares,
insistió en que “debe prevalecer la consideración de la imputación
de graves violaciones de derechos humanos” sobre las de narcotráfico y manifestó
que “corresponde a Colombia aclarar los mecanismos, instrumentos
y figuras jurídicas queserán aplicadas para asegurar que la persona extraditada
colabore con las investigaciones de los hechos (…), para asegurar su debido
enjuiciamiento” 2 .
Se considera como acción urgente la reactivación del proceso en el que se asegure
la participación de las víctimas y de sus representantes a través de medios
idóneos que permitan el ejercicio efectivo de sus derechos al acceso a la justicia
sin causar revictimización. Además, resulta imperativo que el Estado asegure
que luego de cumplir con el procedimiento a cargo de la justicia norteamericana,
Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, regrese a Colombia para cumplir con las
penas que le sean impuestas por parte de las autoridades nacionales, por su responsabilidad
en los crímenes cometidos con ocasión de su accionar paramilitar.
En el presente documento se centra la atención en el accionar de los frentes
que operaron en el Magdalena y el Cesar bajo el mando de Jorge 40, haciendo
énfasis en la forma en la que la violencia sexual jugó un papel principal para los
intereses de guerra del Bloque Norte.
2. Obligaciones internacionales del Estado colombiano
El Estado colombiano tiene la obligación de investigar y sancionar la violencia
sexual cometida en contra de mujeres y niñas. Tal obligación se deriva, entre
otras disposiciones internacionales 3 , del deber de garantía establecido en el artículo
1.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, el cual establece
que: “Los Estados Partes en esta convención se comprometen a respetar los
derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio
a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción”.
2 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Mapiripán vs. Colombia, Resolución de
cumplimiento de 8 de julio de 2009, párrafo 41.
3 El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; la Convención Americana de Derechos
Humanos; la “Convención contra la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes”
la “Convención interamericana para prevenir y sancionar la tortura”; la “Convención
sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer”; y la “Convención
americana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer”, establecen la obligación
de investigar y sancionar las violaciones de derechos reconocidos internacionalmente.