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atificados por Colombia 20 . La Asamblea General y el Consejo de Seguridad
de Naciones Unidas han establecido que el derecho penal debe sancionar a los
autores de estas graves violaciones.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha precisado que “existen
obligaciones internacionales erga omnes contra la impunidad de las graves violaciones
a los derechos humanos” 21 . La obligación de juzgar y castigar incluye,
entre otras, la imposición de penas adecuadas a la gravedad de los crímenes,
que no constituyan penas prohibidas por el derecho internacional. El incumplimiento
de tales obligaciones se traduce en negación de justicia y por tanto en
impunidad (Comisión Internacional de Juristas, 2008).
El juzgamiento de los responsables de graves violaciones a los derechos humanos
es una medida de prevención de futuros hechos de violencia sexual. Pues
si tales delitos no son castigados, se envía un mensaje a la sociedad “de que esa
violencia es tolerada, lo que favorece su perpetuación” 22 .
En este caso en particular, se debe realizar una calificación de los delitos que
evidencie el papel que desempeñó su comisión en el marco de la guerra, como
crimen de guerra, su sistematicidad y generalidad como crimen de lesa humanidad
y el reconocimiento de que la violencia sexual es un delito sexual a la vez
que una forma de tortura.
Aunado a ello, la Fiscalía General de la Nación debe juzgar a todas los integrantes
del Bloque Norte que pudieron estar involucrados en la comisión de los
delitos sexuales en contra de mujeres y niñas, en los departamentos de Cesar y
Magdalena, de tal forma que pueda atribuirse responsabilidad a los integrantes
de la línea de mando dentro de la estructura y a los autores directos en la comisión
de los delitos.
3. Los delitos sexuales cometidos por el Bloque Norte son delitos
de guerra
Los delitos sexuales cometidos por los integrantes del Bloque Norte son crímenes
de guerra pues cumplen con los requisitos que permiten darle dicha
20 Entre ellos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y la Convención Americana
de Derechos Humanos.
21 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Sentencia en el Caso Goiburú y otros vs. Paraguay,
22 de septiembre de 2006, párrafo 129.
22 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Acceso a la justicia para las mujeres víctimas
de violencia en las Américas (OEA/Ser.L/V/II.), 20 de enero de 2007, párrafo 68.
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