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sustentaba tal política. Por tanto se solicita a la Fiscalía que califique los delitos
sexuales con el carácter de lesa humanidad.
Es evidente que los delitos sexuales hicieron parte de un plan tendiente a doblegar
la población civil para alcanzar sus objetivos. Por tanto son responsables de
estos hechos delictivos tanto los autores materiales como los demás integrantes
dentro de la línea de mando de la estructura paramilitar.
Por lo anterior, se insta a la Fiscalía a que atribuya responsabilidad material a
quienes corresponde.
A título de autoría mediata se solicita atribuir la responsabilidad de los delitos
sexuales cometidos por los integrantes del Bloque Norte a: Rodrigo Tovar
Pupo, alias Jorge 40, como comandante del Bloque Norte y de Oscar José
Ospino Pacheco, alias Tolemaida; Adolfo Enrique Guevara Cantillo, alias 101;
Cesar Augusto Viloria Moreno, alias 71; José Gregorio Mangones Lugo, alias
Tijeras; Omar Montero Martínez, alias Codazzi; y Edgar Córdoba Trujillo, alias
57, entre otros, en su calidad de comandantes de frentes.
Se insta a la Fiscalía General de la Nación garantice el reconocimiento de las
víctimas con independencia de la identificación y procesamiento de los autores,
de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 975 de 2005 y por tanto la satisfacción de
su derecho a la reparación.
Las afectaciones sufridas por las mujeres víctimas de delitos sexuales fueron
múltiples y van más allá del momento de la comisión del delito. La violencia
sexual les ocasionó traumas psicológicos, afectaciones físicas y muchas de estas
violaciones resultaron en embarazos. Todo ello ha tenido un efecto desproporcionado
para sus vidas, pues han tenido que asumir nacimientos y crianzas de
hijos e hijas no deseados. Por tanto, se hace un llamado a la Fiscalía, para que
tace el daño sufrido por las mujeres víctimas de estos delitos teniendo en cuenta
todas las afectaciones sufridas, y se soliciten reparaciones que vayan más allá
del ámbito indemnizatorio. Reparaciones que deberán contemplar medidas de
restitución, indemnización, rehabilitación y garantías de no repetición. La asunción
de tales medidas deberá tomar en consideración aquellas que las propias
mujeres víctimas identifiquen como reparadoras.
Esta reparación también implica que el Estado reconozca su responsabilidad
por acción u omisión en la comisión de los delitos de violencia sexual, pues el
accionar paramilitar del Bloque Norte fue resultado de la ausencia estatal y de la
cooptación de los diferentes poderes públicos en los territorios de Cesar y Magdalena.
Esta combinación le permitió al grupo armado, un control territorial