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Gutiérrez Castro, Tibú 61 ; teniente coronel Rincón, comandante del batallón de
infantería con sede en Ocaña; coronel Oscar David Montezuna Ortega, jefe
de la Sijin en Cúcuta; un teniente de apellido Chávez, encargado de los grupos
de reacción inmediata de la Policía, y un agente de apellido Rodríguez, encargado
de la sala técnica de interceptaciones de la Policía en Cúcuta (Fundación
Progresar, 2010: 68). Así mismo la Corte Suprema de Justicia estableció en el
Proceso 24448 de 2010, el vínculo del teniente del Ejército, Luis Fernando
Campuzano Vásquez con los paramilitares.
El paramilitar Carlos Andrés Palencia, alias Visaje o Andrés, en versión libre
declaró que en 2002 las AUC les pagaban mensualmente a los oficiales de la
policía en el municipio de El Tarra por colaborar con el grupo armado. El pago
lo hacía alias el Gato, comandante militar del bloque Fronteras (Policía de Santander,
2008, 23 de julio).
En 2005 la revista Semana (3 de diciembre de 2005) dio a conocer parte de
los contenidos de documentos 62 enviados por Curtis Kamman a Washington.
Kamman, quien era el embajador de Estados Unidos en Colombia, escribe en
un documento de noviembre de 1999, que “la unidad del Ejército local se negó
a combatir a los paramilitares en esa área [Catatumbo]” (…) argumentando
tener pocos recursos y demasiadas misiones”. Además, Kamman haciendo referencia
a la masacre de La Gabarra (29 y el 30 de mayo de 1999) escribe que
“la oficina del Vicepresidente reportó privadamente que soldados del Ejército
se pusieron brazaletes de las AUC y participaron activamente en las mismas
masacres”.
Pero no solo la responsabilidad del Estado está relacionada con la colaboración
con los paramilitares. También tienen responsabilidad al haber dejado a merced
de la guerrilla los municipios de Teorama y Hacarí. Después de la toma del
casco urbano de Teorama por parte el ELN, en 1992, este grupo fue la autoridad
por diez años consecutivos durante los cuales al menos fueron asesinadas
por ellos setenta personas. La Fuerza Pública solo volvió a hacer presencia en
2002, cuando los paramilitares llegaron al municipio. Hacarí fue tomado por
este mismo grupo guerrillero en 1998, después de lo cual la Fuerza Pública fue
61 La Procuraduría abrió un proceso disciplinario contra este capitán quien después se desmovilizó
con el Bloque Libertadores del Sur en Taminango, departamento de Nariño (“Llegó la hora
de la verdad para la ley de justicia y paz”, El Espectador, 2006, 3 de abril citado por Loingsigh,
2008: 53 y Asociación Minga y Fundación Progresar, 2008: 125).
62 Según la revista Semana “los documentos fueron desclasificados recientemente por solicitud
de Michael Evans, miembro de The National Security Archive, una organización no gubernamental
dedicada a pedir que se hagan públicos documentos secretos” (2005, 3 de diciembre).