Z9oqmn

110
El artículo 8 del Estatuto de Roma también ha reconocido como crimen de
guerra cometer actos de violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo
forzado, esterilización forzada y cualquier otra forma de violencia sexual
que constituya una violación grave de los convenios de Ginebra.
Las obligaciones de investigación y judicialización de violencia sexual cobran
mayor relevancia en los contextos de conflicto armado. El Consejo de Seguridad
de Naciones Unidas ha insistido en la obligación de los Estados de adoptar
medidas especiales de investigación y juzgamiento, en el marco de procesos de
justicia transicional, de los crímenes cometidos en contra de mujeres y niñas.
Al respecto la Resolución 1820 de 2008, emitida por este organismo, insiste en
hacer un llamamiento a los Estados para que:
Cumplan con su obligación de enjuiciar a las personas responsables de tales actos, y
garanticen que todas las víctimas de la violencia sexual, particularmente las mujeres y
las niñas, disfruten en pie de igualdad de la protección de la ley y del acceso a la justicia,
y subraya la importancia de poner fin a la impunidad por esos actos como parte de un
enfoque amplio para alcanzar la paz sostenible, la justicia, la verdad y la reconciliación
nacional (Resolución 1820, 2008, 19 de junio).
La Fiscalía General de la Nación, en cumplimiento de tales obligaciones internacionales,
deberán emprender todos los actos necesarios para superar la impunidad
en que se encuentran los hechos de violencia sexual cometidos por los
integrantes del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Actos que deben estar encaminados al esclarecimiento de los hechos, la sanción
de los responsables y el otorgamiento de una reparación integral a las mujeres
víctimas acorde con los daños y afectaciones específicas causadas.
2.1 Deber de garantía
El deber de garantía se refiere a la obligación de los Estados de prevenir las
violaciones a los derechos humanos, investigarlas una vez ocurridas, procesar
y sancionar a los autores, garantizar los derechos de las víctimas a un recurso
efectivo a la verdad, a la justicia y a una reparación integral. Como consecuencia
“El Estado se coloca así en una posición jurídica de garante de los derechos
humanos, de la cual emergen obligaciones esenciales para la protección y salvaguarda
de estos” (Comisión Internacional de Juristas, 2008: 4).
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha desarrollado en su jurisprudencia
el contenido de esta obligación, indicando que el deber de garantía
implica el deber de los Estados de:
Organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a través de
las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces