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En cumplimiento de esta obligación los Estados deberían adoptar medidas positivas
que garanticen una respuesta efectiva ante esta situación, entre las cuales
se destacan que:
Los Estados garanticen que las mujeres y las niñas que son víctimas de la violencia o
corren el riesgo de serlo tengan acceso a la justicia y a servicios de atención de salud
y apoyo que respondan a sus necesidades inmediatas, las protejan contra otros daños
y se ocupen de las consecuencias que se derivan de la violencia para la mujer. Con
ese fin, los Estados deben elaborar marcos legislativos, sistemas de vigilancia policial
y procedimientos judiciales apropiados para proteger adecuadamente a todas las mujeres,
proporcionarles un entorno seguro y propicio para que informen de los actos de
violencia cometidos contra ellas y adoptar medidas tales como órdenes de interdicción
o expulsión y procedimientos de protección de las víctimas. En situaciones en las que
es evidente que determinadas mujeres y niñas pueden ser víctimas de la violencia, los
órganos encargados de aplicar la ley tienen la obligación de establecer mecanismos de
protección efectivos y apropiados para impedir que se produzcan otros daños 25 .
Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha manifestado
con preocupación que en los casos de violencia contra las mujeres es común
que las autoridades estatales actúen sin debida diligencia cuando emprenden
acciones de prevención, investigación y castigo de las violaciones pues se considera
que estos hechos no constituyen una problemática grave 26 . Por lo que la
comisión ha querido insistir en las obligaciones que se le atribuyen a los Estados
bajo el deber de garantía:
La responsabilidad del Estado de actuar con debida diligencia para prevenir el menoscabo
de los derechos humanos de las mujeres en tiempos de paz y de conflicto
tiene una naturaleza comprehensiva. El Estado es directamente responsable por la
violencia perpetrada por sus agentes, así como la perpetrada por personas individuales.
Asimismo, la obligación del Estado no se limita a eliminar y sancionar la violencia,
sino también incluye el deber de prevenirla. Por último, el Estado tiene la obligación
de brindar una protección especial a mujeres que estén particularmente expuestas a
actos de violencia por ser menores de edad 27 .
En conclusión, se puede afirmar que el Estado de Colombia vulneró sus obligaciones
internacionales en materia de prevención, sanción y erradicación de
la violencia contra la mujer, más aún cuando a pesar de estar ante un cuadro
25 Informe de la Relatora Especial, párrafo 82.
26 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Situación de los derechos de la mujer en
Ciudad Juárez, México: el derecho a no ser objeto de violencia y discriminación, 2003, párrafo 7.
27 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Las mujeres frente a la violencia y la discriminación
derivadas del conflicto armado en Colombia, párrafo 30.
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