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la troncal del Caribe, que comprende los valles de los ríos Piedras, Guachaca,
Buritaca, Don Diego, Palomino y Ancho. Para este momento, ya habían hecho
alianzas con la Fuerza Pública y la clase política de la región.
Con ocasión de la aparición de la Unión Patriótica y otros partidos políticos,
surgidos de los acuerdos de paz con las guerrillas en el gobierno de Belisario
Betancur (1982-1986), el grupo de Hernán Giraldo pasó a convertirse en Autodefensas
del Mamey, que incluía dentro de su actividad criminal la disputa por
el control de la Sierra Nevada con las FARC, el control del mercado público de
Santa Marta, el asesinato de líderes sociales y de opositores políticos de la clase
dirigente del Magdalena. Posteriormente, fueron conocidos como Autodefensas
Campesinas del Magdalena y La Guajira.
En la década de 1990, Giraldo Serna había logrado obtener el control sobre la
producción y comercialización de estupefacientes, lo que le permitió fortalecer
su grupo paramilitar. Se calcula que en la zona bajo su dominio unas 2.900 familias
tenían cultivos de coca, cuya producción ascendería a unos 92.800 kilos
de base de coca al año. Su organización armada le permitía proteger la región,
los cultivos y la salida del producido hasta los puertos de embarque desde donde
se enviaba a las islas de las Antillas.
Este poder se fortaleció con las alianzas establecidas con las élites políticas de
la región que le permitía incidir directamente sobre la elección de alcaldes, concejales,
gobernadores y congresistas. Como él mismo manifestó en el desarrollo
de su versión libre:
Inicialmente los políticos iban a la Sierra en busca de votos. Después yo me reunía con
las juntas de acción comunal, discutíamos unos nombres y entre todos escogíamos un
candidato por quién votar (Verdad Abierta, 18 de noviembre de 2010).
El dominio sobre el destino de la zona nororiental de la Sierra Nevada de
Santa Marta en manos de Hernán Giraldo Serna puede explicarse, en alguna
medida, ante la ausencia del poder del Estado en esta región. Lo que le
permitió atribuirse varias funciones públicas que comprendían el suministro
de servicios básicos como la salud y la educación, el control sobre la movilidad
en la zona, la ejecución de obras de infraestructura, la resolución de los
conflictos locales, y la decisión sobre cuáles serían los candidatos a cargos de
elección popular que, con su respaldo, resultarían elegidos. Situaciones que
eran de pleno conocimiento de las autoridades públicas de la zona y que no
hubieran sido posibles sin su tolerancia.