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impedir u obstaculizar ulteriores esfuerzos tendientes a identificar, procesar
y castigar a los responsables” 18 (Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
2007). En ello ha insistido la Corte Interamericana en la sentencia del
Penal Castro Castro vs. Perú, al establecer que la investigación debe ser asumida
por el Estado como un deber jurídico propio, que no debe depender de la iniciativa
procesal de la víctima o de la aportación privada de elementos 19 .
Respecto a la obligación a cargo del Estado de llevar a cabo una investigación
seria, inmediata, imparcial y exhaustiva es preciso reiterar que esta exigencia adquiere
mayor relevancia cuando se trata de enfrentarse ante hechos de violencia
contra las mujeres y que pueden ser constitutivos de crímenes de lesa humanidad
o de guerra. Por tanto se estaría ante una obligación reforzada en materia
de investigación a cargo de las autoridades judiciales.
El cumplimiento de esta obligación, implica que la Fiscalía General de la Nación,
reúna toda la información que le permita enmarcar los hechos individuales
cometidos por los integrantes del Bloque Norte dentro del contexto del
accionar del grupo, lo cual posibilitará demostrar que los delitos sexuales correspondieron
a acciones de guerra que cumplían con los objetivos económicos
y políticos de las AUC, e igualmente permitirá evidenciar que las conductas de
violencia sexual al ser parte de un ataque generalizado, así como de un ataque
sistemático desplegado en contra de la población civil, constituyen un crimen
de lesa humanidad.
De manera adicional, tal obligación implica que se investiguen los hechos de
manera que se establezca la responsabilidad por línea de mando, la responsabilidad
directa en la comisión de los delitos y la plena identidad de los perpetradores.
En caso de que no se pueda identificar la identidad de los perpetradores
directos debe quedar claro que esto no puede obstaculizar ni poner fin a las
investigaciones, puesto que esto imposibilitaríala garantía de la justicia y el establecimiento
de la verdad.
2.4 La obligación de juzgar y castigar
La obligación de juzgar y sancionar a los autores de graves violaciones a los derechos
humanos como expresión del deber de garantía, se encuentra soportada
en diferentes tratados e instrumentos internacionales de derechos humanos
18 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Acceso a la justicia para las mujeres víctimas
de violencia en las Américas (OEA/Ser.L/V/II.), 20 de enero de 2007, párrafo 38.
19 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Sentencia en el Caso del Penal Miguel Castro
Castro, 25 de noviembre de 2006, párrafo 400.