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guerrilla en el sur y el oriente. De esta forma se garantizaría el dominio en las
zonas del norte del país. El control de este corredor abarcaba los municipios
de El Carmen, Convención, Teorama, El Tarra y Tibú (Norte de Santander).
Al igual que otros jefes paramilitares, entre los cuales se encuentran Carlos
Castaño Gil y Rodrigo Tovar Pupo, a Mancuso se le atribuye la autoría en
calidad de integrante del comando central del grupo paramilitar Autodefensa
Unidas de Colombia (AUC) por las masacres de Mapiripán (Meta), Pichilín
(Sucre), El Aro (Antioquia), La Gabarra (Norte de Santander) y El Salado
(Bolívar), entre otras.
Su comandancia del Bloque Catatumbo se extendería hasta el 10 de diciembre
de 2004, fecha en la que se desmovilizó junto con 1.434 combatientes en el
corregimiento Campo Dos del municipio de Tibú (Norte de Santander) (Presidencia
de la República, 2006: 26). Desde el 19 de diciembre de 2006, Salvatore
Mancuso estaría participando en las audiencias de versión libre desarrolladas
en el marco de aplicación de la Ley 975 de 2005 (Fiscalía General de la Nación,
Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz). El 13 de mayo de 2008,
Salvatore Mancuso fue extraditado a los Estados Unidos junto con otros doce
jefes paramilitares para enfrentar cargos por producción y envió de estupefacientes
a ese país.
2. Consideraciones jurídicas
El derecho internacional de los derechos humanos en Colombia, se ha introducido
a la legislación nacional por mandato del artículo 93 de la Constitución
Política de Colombia. En razón de estos tratados internacionales en materia de
derechos humanos, el país se ha comprometido con unas obligaciones internacionales
en materia de investigación y sanción de la violencia sexual en el marco
del conflicto armado colombiano, que son exigibles en los procesos que se
investigan actualmente en Justicia y Paz. Por ello se hace un llamado especial al
gobierno para aplicar estos estándares internacionales en materia de derechos
humanos.
2.1 Obligaciones internacionales del Estado de Colombia en materia de
investigación y sanción de la violencia sexual registrada en el marco
del conflicto armado
El Estado colombiano ha suscrito una serie de obligaciones internacionales que
le exigen investigar y sancionar los hechos constitutivos de violencia sexual.
Estas obligaciones emanan de instrumentos como el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos; la Convención Americana de Derechos Humanos;
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