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impunidad en que se encuentran los delitos sexuales cometidos en contra de
mujeres y niñas por Hernán Giraldo en la Sierra Nevada de Santa Marta. La
garantía de los derechos reconocidos por el Estado de Colombia debe darse a
través de una investigación completa que permita identificar a todas las posibles
víctimas de violencia sexual registradas en el marco del ataque desplegado
en contra de la población civil por el Frente Resistencia Tayrona; esclarecer
el conjunto de responsables por estas conductas punibles y, de encontrarlos
responsables, sancionarlos; y otorgar las medidas que permitan reparar integralmente
a las mujeres víctimas de violencia sexual que deben incluir la
indemnización, satisfacción y garantías de no repetición.
Contrario a lo que se podría pensar, esta obligación se hace aún más perentoria
en un contexto de superación del conflicto armado, pues solo con el esclarecimiento
de la verdad y la sanción de los responsables se podría aspirar a la no
repetición de estos crímenes. Es así como en el marco de aplicación de la Ley
975 de 2005, y en concreto para el caso del Frente Resistencia Tayrona, resulta
imperativo llevar a cabo una investigación exhaustiva que permita esclarecer el
contexto en que se cometieron estos crímenes; identificar todas las categorías
de violencia en contra de las mujeres que se dieron en la Sierra Nevada de Santa
Marta; establecer los daños sufridos por las víctimas; y exigir que la justicia
ordinaria sancione el conjunto de responsables de violencia sexual que debe
incluir la sanción de las personas que están por fuera de la competencia de la
Ley 975 de 2005, como en el caso de familiares que pudieron haber promovido
la comisión de estos delitos al igual que funcionarios públicos, que a pesar de
conocer la situación, no adoptaron las medidas para prevenir estas violaciones.
a. Deber de garantía
En este caso concreto el Estado de Colombia está en la obligación de adoptar
todas las medidas que le permitan responder a la violencia sexual de la que han
sido víctimas las niñas y las mujeres en la Sierra Nevada de Santa Marta, por las
acciones atribuidas directamente a Hernán Giraldo y a las demás cometidas por
sus subalternos. Es así como el Estado debe actuar diligentemente recurriendo
a todos los mecanismos que estén a su alcance en materia de investigación,
sanción y reparación para evitar que estos delitos queden en la impunidad. De
lo contrario incurrirá en una violación manifiesta del deber de garantía, el cual
obliga a los Estados a garantizar el libre y pleno ejercicio, sin ningún tipo de discriminación,
de los derechos reconocidos a las personas sujetas a su jurisdicción
que se deriva tanto de obligaciones convencionales como consuetudinarias.
Es importante reiterar que esta obligación general de garantizar los derechos
humanos debe otorgarse a partir del reconocimiento de las necesidades
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