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Cuatro hombres vestidos con prendas militares portando fusil (…) preguntándonos por
la guerrilla, nosotros le dijimos que no la habíamos visto, que no sabíamos de ellos. Me
dejaron a mi sola con un paramilitar, él me preguntó que si había visto a la guerrilla y yo
le dije que no, me pusieron un trapo en la boca para que no gritara y ahí me cogió (…)
y entonces me penetró (caso documentado).
d. Influencia del conflicto armado en la finalidad del acto
La Sala de Justicia y Paz establece que este elemento hace referencia a la
finalidad perseguida por el grupo armado. Se ha constatado que la finalidad
perseguida por el Bloque Norte fue “producir en la población un estado generalizado
de terror que facilitara y asegurara la expansión y consolidación del
grupo ilegal armado mediante el sometimiento y dominio de la comunidad” 23 .
La violencia sexual para cada caso en concreto fue una forma de dominación y
sometimiento de las mujeres, con la violencia sexual ejercida hacia ellas se hizo
evidente para toda la comunidad quien detentaba el poder. La violencia sexual
también permitió en muchos casos no solo someter y demostrar el dominio
sino también castigar, expropiar y obtener información, hechos que claramente
les permitieron a los actores armados cumplir con este gran objetivo de expansión
y consolidación y ganar posiciones dentro de la guerra. Los casos antes
citados así lo demuestran tanto en Cesar como en Magdalena.
Así las cosas, es evidente que los delitos de violencia sexual cometidos por los
frentes del Bloque Norte que operaban en Cesar y Magdalena que se analizan
en este amicus son delitos de guerra, establecidos en el Código Penal Titulo
II “Delitos contra personas y bienes protegidos por el Derecho Internacional
Humanitario”.
Casos como el que se relata a continuación, ocurridos antes del 25 de julio de
2001, época en la que aún no habían tipificado internamente los delitos contra
el Derecho Internacional Humanitario, también constituyen delitos de guerra,
pues a la fecha estaban en vigor los convenios de Ginebra de 1949 ratificados
por el Estado colombiano, mediante la Ley 5 de 1960 y los protocolos adicionales,
específicamente el Protocolo II de 1977, ratificado por la Ley 171 de 1994.
Su artículo 4 (e), determina que quedan prohibidos “los atentados contra la
dignidad personal, en especial los tratos humillantes y degradantes, la violación,
23 Tribunal Superior de Bogotá, Sala de Justicia y Paz, Sentencia 200681366, 7 de diciembre
de 2011.